Así lo afirmó Jorge Bogarín González, quien lleva adelante la defensa del magistrado. Sostuvo que existen varias versiones al respecto.
Indicó que por los pasillos del Congreso se escucha de que los parlamentarios no van a llamar a sesión mientras no existan los números para enjuiciar a Blanco.
“Lo que se habla mucho es de que no va haber cuórum hasta que tengan los 30 votos, y eso aparentemente está supeditado a negociación política; lo que cuestionamos es que tengamos que supeditar un juicio a este tipo de cosas, como una interna partidaria u otras cuestiones; hay muchas versiones; de que van a esperar el resultado de las internas liberales; otros dicen que manejan nombres para reemplazar; se habla de muchas negociaciones”, expresó Bogarín.
Las internas del PLRA se llevarán a cabo el próximo 26 de junio. Ese día, los liberales harán su renovación de autoridades.
De hecho, dos de los ministros enjuiciados (Blanco y Bajac) son del PLRA.
“El Senado se ha erigido en tribunal juzgador ante la Cámara de Diputados; con todo respeto, el país, a raíz de todas estas indecisiones, se está exponiendo a sanciones internacionales, y todo por cuestiones políticas netamente”, manifestó.
Antecedentes. La Cámara de Diputados había aprobado en diciembre del 2014 el juicio político a los ministros Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo. El primero en sentarse en el banquillo de los acusados es Blanco. El pasado 6 de abril se conformó el tribunal y se realizó la presentación del libelo acusatorio por parte de la Cámara Baja.
El 26 de ese mismo mes se debía escuchar a la defensa de Blanco; sin embargo el Senado no reunió el cuórum necesario.
El juicio debía reanudarse el 17 de mayo pasado, pero nuevamente le sesión no reunió la mínima requerida de legisladores para llevar a cabo el proceso.
El documento acusatorio refiere que los tres ministros de la Corte Suprema mintieron sobre su mandato, según el libelo acusatorio presentado por la Cámara Baja al Senado.
Los tres ministros habían declarado, según la acusación, que su mandato era de 5 años. Sin embargo, una vez ocupados sus cargos, ellos se declararon inamovibles.
Blanco es acusado por la pérdida de la honorabilidad y dignidad, al utilizar el engaño para acceder al cargo; fallo contra la Constitución y el interés general en el caso de tripolifostato y compraventa de tierras públicas.