EFE
La máxima corte del país también juzgará al marido de Hoffmann, el exministro de Planificación Paulo Bernardo Silva, y al empresario Ernesto Kugler, todos implicados en la misma causa penal, relacionada con la operación Lava Jato, que investiga los millonarios desvíos ocurridos en el seno de la estatal Petrobras.
De acuerdo con la Fiscalía, los tres reos pidieron y recibieron un millón de reales (hoy unos 270.000 dólares) desviados de la red corrupta en Petrobras por la que ya fue condenado y encarcelado el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, máximo líder del PT.
Ese dinero, según la acusación, se habría destinado para favorecer la campaña de Hoffmann al Senado en 2010.
La Segunda Sala del Supremo, integrada por los jueces Edson Fachin, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski y Dias Toffoli, aceptó por unanimidad la denuncia de la Fiscalía en septiembre de 2016 y este martes finalmente marcó para dentro de una semana la fecha del pleito.
Hoffmann, que es investigada en otros casos relacionados con la Lava Jato, fue elegida presidenta del PT el 3 de junio del año pasado para convertirse en la primera mujer elegida para dirigir la formación de izquierdas, que fundó el propio Lula en 1980 junto con un grupo de obreros e intelectuales.
La también senadora fue ministra de la Presidencia durante la gestión de la expresidenta Dilma Rousseff, también del PT y destituida a mediados de 2016 tras un juicio político por irregularidades en el manejo de los presupuestos.
Hoffmann ha demostrado ser una fiel escudera de Lula, encarcelado desde el pasado 7 de abril en la ciudad de Curitiba para cumplir una pena de 12 años y 1 mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, al defender la “inocencia” del ex jefe de Estado (2003-2010), al que considera un “preso político”.
En línea con Hoffmann, el PT ha cerrado filas y, en este sentido, lanzó la semana pasada la precandidatura de Lula para las elecciones presidenciales del próximo octubre, apoyado en parte por el liderazgo del antiguo dirigente sindical que le otorgan todos los sondeos de intención de voto divulgados hasta ahora.
Sin embargo, la candidatura de Lula está virtualmente anulada ya que las leyes electorales brasileñas prohíben a condenados en segunda instancia, como es su caso, que se postulen a cualquier cargo público.
