Se estima que el juego de azar denominado quiniela mueve USD 1 millón por día en el país, motivo por el cual existen personas que explotan este juego sin autorización legal. El negocio de la quiniela da trabajo a unos 60.000 levantadores de apuestas (quinieleros), aproximadamente.
Además de este juego, la Ley 1016/97, que autoriza los juegos de suerte o azar, da la posibilidad al Estado de concesionar casinos, bingo, lotería diferida, rifas, apuestas deportivas, telebingo, juegos electrónicos, entre otros.
Pero esta normativa tiene dos problemas: el primero es que data de hace veinte años, por lo cual necesita actualizarse, atendiendo al avance registrado en materia tecnológica; y el segundo es que el ente regulador de juegos carece de herramientas y presupuesto para ejercer el control sobre todos los juegos del país, con lo que se vuelve prácticamente imposible la tarea de disminuir la proliferación irregular de las salas de juego o de juegos realizados por medios tecnológicos.
Paraguay se quedó en el tiempo en materia de regulación. La normativa solo aprueba concesiones por cinco años para inversiones cuyo retorno económico comienza en este plazo, no contempla programas que promuevan el juego responsable y la prevención de ludopatía, y carece de controles para la prevención de lavado de dinero.
Hoy, por ejemplo, la mayoría –si no todas– de las empresas realizan sorteos vía redes sociales o a través de teléfonos celulares, pero los mecanismos de control para estas nuevas modalidades no están previstos en la ley. Aunque el país podría explotar turísticamente la instalación de casinos, no solo en las zonas fronterizas sino también en otros puntos del territorio nacional, no se establecen beneficios para el inversor, y, por ende, se pierden ingresos para las arcas fiscales.
La Comisión Nacional de Juegos de Azar es hoy una dependencia olvidada del Ministerio de Hacienda, que tiene apenas doce funcionarios para controlar todos los juegos existentes, además de carecer de presupuesto para ejercer su función.
El organismo de control de los juegos de azar necesita actualizarse, y para ello precisa una ley acorde con los tiempos. Además, necesita contar con el apoyo de las autoridades municipales, del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia y de la Policía Nacional, para poder realizar controles que desincentiven los juegos clandestinos.
Además, fijar condiciones para atraer inversiones asociadas, como la instalación de hoteles, que permitan crear una mayor cantidad de fuentes de empleo; y posibilitar la realización periódica de congresos y seminarios relacionados con el sector de juegos de suerte o azar. El proyecto para modernizar la supervisión de los juegos está en el Congreso, sin haber sido tratado aún. Es necesario modernizar este sector, castigar el juego irresponsable, atraer inversiones y mejorar los ingresos para el Estado.