El ente contralor, a cargo de José Enrique García, también solicita información de si “el proceso de contratación mencionado ya fue adjudicado; de no ser así, señalar la etapa en la que se encuentra”.
El pedido se realiza teniendo en cuenta que el organismo superior de control aún no emitió el dictamen final sobre la investigación, que se inició en enero pasado, de la denuncia sobre supuestas irregularidades en la licitación, porque el IPS aún no entregó todos los documentos solicitados.
La institución estatal otorga un plazo de 10 días al IPS para que remita los papeles que faltan y justificar el motivo de la adjudicación. En caso de no ajustarse a los requerimientos legales, la CGR podría recomendar que se deje sin efecto la contratación, informaron desde la institución.
El IPS firmó el pasado 13 de marzo el contrato con las empresas adjudicadas que son Cevima SA, de Claudio Escobar, y el Consorcio Poti, de Jorge Palumbo, por más de G. 150.000 millones por un periodo de 24 meses, según confirmó en su momento, Armando Rodríguez, gerente de Abastecimiento del IPS.
La Contraloría pide al ente de seguro social remitir los documentos faltantes, como por ejemplo, la resolución por la cual se integra el Comité Evaluador de Ofertas, certificado de disponibilidad presupuestaria, planilla de costo estimado, entre otros. En total solicita 18 documentos.
Denuncias. Pese a las reiteradas denuncias de incumplimiento de leyes laborales por parte de ambas prestadoras de servicio, que llegaron incluso hasta el Ministerio del Trabajo, fueron contratadas por el principal seguro social del país. Los empleados de Cevima SA y Poti SA denuncian con frecuencia que la institución no paga el salario mínimo.