EFE.
Las calles de Río de Janeiro amanecieron hoy sin la presencia del Ejército, dos días después de que Temer cediera el control de la seguridad a un general militar para frenar la ola de violencia que golpea al estado.
El sábado algunas tropas patrullaron la capital fluminense coincidiendo con la visita a Río del presidente brasileño para definir la intervención federal, pero a pese a la presencia del Ejército, las escenas de violencia se repitieron en el estado.
Un intento de asalto terminó con tiroteo en el barrio de Barra de Tijuca, un camión fue asaltado, un grupo de delincuentes explotó una agencia bancaria de la Baixada Fluminense, una pobre región de Río, y una unidad de la Policía fue atacada en una comunidad de la zona norte.
El domingo, sin la presencia de militares, la seguridad fue reforzada por la Policía mientras miles de personas continuaban divirtiéndose con las últimas comparsas callejeras del post carnaval, una fiesta que esta semana se vio manchada por asaltos múltiples en algunas de las zonas más turísticas de la ciudad.
Las imágenes de violencia que marcaron el carnaval de Río de Janeiro y conmocionaron Brasil empujaron a Temer a decretar la inédita intervención del área de seguridad de Río de Janeiro, la cual deberá ahora contar con el visto bueno del Congreso.
La medida, que no puede ser modificada por el Legislativo, necesita de una mayoría simple en la Cámara de Diputados y en el Senado, para recibir luz verde, lo que podría producirse esta misma semana.
Mientras, el Gobierno y el general Walter Souza Braga Netto, el nuevo “gobernador” de Río en el área de seguridad, planifican la intervención federal en el estado, la cual ha recibido críticas por parte de algunas organizaciones de derechos humanos.
Los ciudadanos, entre tanto, esperan saber cuál será el alcance de la medida en un estado que vive cercado por la guerra entre bandas criminales y que dejan diariamente una media de cerca de 20 tiroteos.
Una vez que el decreto sea aprobado por el Congreso los militares, que ya habían sido desplegados a mediados del año pasado en Río, aunque con una actuación limitada, comenzarán a ocupar las calles.
El decreto ha abierto también una ventana de dudas sobre la reforma del sistema de pensiones, pilar fundamental de la política económica de Temer, ya que durante una intervención la Constitución no permite modificar la carta magna, ni votar una propuesta de enmienda constitucional, como es el proyecto de las pensiones.
No obstante, Temer, quien todavía no ha conseguido el apoyo suficiente para llevar adelante el texto, ha asegurado que si recaba los 308 votos necesarios para aprobar la reforma “cesará" la intervención federal de manera temporal.
La reforma cuenta con el rechazo de los sindicatos, que han convocado para el lunes una “Jornada de Lucha contra la Reforma de las Pensiones”, aunque las manifestaciones se concentrarán principalmente en Sao Paulo y sin grandes expectativas de público.
En la búsqueda por votos, el Gobierno ha realizado algunas “concesiones” y ha incorporado algunas alteraciones a la propuesta original, las cuales suavizan las condiciones para la jubilación de campesinos o mantienen las pensiones para las viudas de policías muertos en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, no modifica el principal motivo de discordias, que es fijar una edad mínima para la jubilación, la cual sitúa en 62 años para las mujeres y 65 para los hombres.
Actualmente, la ley permite a las mujeres jubilarse con 30 años de cotización y a los hombres con 35 sin que exista ningún límite de edad para ello, por lo que hay casos en los que personas con apenas 50 años ya pueden acogerse al sistema estatal de protección social.
La oposición considera que el decreto de intervención federal en Río es una “cortina de humo” debido a la falta de apoyo del Gobierno para aprobar la polémica reforma del sistema de pensiones y jubilaciones.
“Es una decisión política para cambiar la agenda del país. Viendo que no iban a aprobar las pensiones, cambiaron la agenda e hicieron una intervención en Río”, llegó a afirmar esta semana la senadora y presidenta del izquierdista Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann.
