Con la emisión del Decreto 7851/17, que dispone la obligación de reportar a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) las transacciones en efectivo de G. 50 millones o más, se apunta a crear un registro de la trazabilidad de los gastos que son deducidos por los contribuyentes. Así lo afirmó ayer en conferencia la viceministra de Tributación, Marta González Ayala.
La subsecretaria de Estado explicó que la SET detectó numerosos casos en que los aportantes del Fisco justificaron sus gastos con enormes pagos en efectivo o cheques al portador (que pueden ser cobrados por cualquier persona), que tras los controles resultaron ser operaciones fraudulentas. Recordó que unos 2.000 contribuyentes estuvieron involucrados en los casos de megaevasión utilizando documentos falsos.
Remarcó que tener un registro de trazabilidad ayudará a conocer mejor el camino que recorre el dinero del contribuyente y reducir los casos de defraudación al Estado.
“Lo que este decreto nos facilita es que al tener la trazabilidad del dinero podemos tener el origen y el destino de ese dinero. Al no tener eso no sabemos si la operación que realiza el contribuyente es real”, añadió el director de Grandes Contribuyentes, Víctor Gómez de la Fuente, quien también participó de la conferencia de prensa junto a la jefa de Gabinete, Liz Del Padre.
La viceministra González Ayala adelantó que la resolución reglamentaria, donde se estipularán la entrada en vigencia, el plazo de informes y las sanciones, se promulgaría en un mes, aproximadamente. Esto, teniendo en cuenta que actualmente se realizan adecuaciones al sistema informático (ver infografía).
Exigencias. Del Padre mencionó que este decreto fue elaborado en conjunto con el Banco Central del Paraguay (BCP), en base a exigencias de transparencia tributaria de entidades internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), entre otros.
Señaló que la implementación de este mecanismo ayudará a que el Paraguay sea más atractivo para las inversiones y sea visto como un país transparente, fomentando la protección al contribuyente que cumple con la ley.
No obstante, el Colegio de Contadores del Paraguay criticó que el Decreto 7.851/17 le atribuye a la SET competencias de la Seprelad. Algunos economistas también cuestionaron que con esta normativa se vuelve a presionar al sector formal, mientras la informalidad sigue creciendo. Al respecto, la viceministra respondió que pese a que los grandes casos de megaevasión se dieron con participación principal de contribuyentes inscritos, también se realizan controles diarios a los comercios, inscripciones en el RUC, entre otras medidas. Agregó que esto tampoco significará costos operativos extras para los aportantes, ya que este reporte se podrá hacer desde su domicilio fiscal a través del sistema Marangatu.
Felippo duda de que sea efectivo
El titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Eduardo Felippo, manifestó ayer que el Decreto 7851/17 no será muy efectivo para reducir la evasión impositiva que impera en el país.
“Hay que entender que el que es sinvergüenza y el que trabaja en negro, a ese, este decreto no le afecta. No creo que la gente que trabaja en negro opere mucho en cheque y en efectivo”, expresó.
El industrial señaló que la SET hubiese convocado a los gremios y a los empresarios antes de emitir la medida, para una mejor comprensión.
Al ser consultado si el gremio tomará alguna medida, añadió que van a estudiar el decreto y luego estarán comunicando.
“Como gremio vamos a estudiar, pero a primera lectura no veo nada del otro mundo, vamos a apoyar por supuesto”, manifestó Felippo.