La obligatoriedad de firmar pagarés que aseguren el pago de cuotas y que luego de persistir las moras estas puedan ser vendidas a empresas que se dedican al rubro de las deudas, son alternativas que manejan los directores de colegios privados para el año lectivo 2017.
Estas medidas se plantean ante la vigencia de la Ley Nº 5738/16 que garantiza el derecho de los alumnos que estudian en colegios privados. En su artículo 2, la normativa indica que, en caso de que exista mora, las instituciones responsables no podrán denegar el derecho a exámenes parciales o finales o retener las libretas de calificaciones. Tampoco están habilitadas para hacer público el estado de cuenta de las cuotas y los aranceles educativos, ni hacer decaer los plazos de las cuotas y aranceles no vencidos.
En su último punto, el artículo restringe la posibilidad de establecer cualquier otra medida que pueda afectar el derecho a la permanencia y acceso oportuno a la educación.
Pagarés. Si bien ya es una práctica usual que los directivos de centros educativos pidan pagarés a los padres en concepto de las cuotas, no está generalizada. “Ahora instamos a los colegios a que pidan este documento a los padres, así aseguramos el pago de las mensualidades”, indicó el vicepresidente de la Asociación de Instituciones Educativas Católicas (Asiec), que nuclea a cerca de 100 institutos.
Aseguró además que la situación para los colegios privados “está difícil” debido a las restricciones de la nueva ley.
La Asiec analiza igualmente negociar con firmas privadas que adquieren las moras y luego se encargan de cobrar a los clientes, en este caso a los padres de familia.
Sobre hechos como el que se dio en el Colegio Santa Clara, donde privaron a jóvenes de participar de su graduación por moras, justificó diciendo que son actos aislados y no se dan siempre.
Pero apenas se promulgó la normativa, se dieron a conocer casos donde se denuncian la retención de libretas de calificaciones, suspensión pruebas finales, hasta exclusión de actos de colación a jóvenes, ante la mirada de toda la comunidad educativa en los establecimientos.
Entre partes. La asesora jurídica del MEC, Edith Caballero, comentó que no tienen injerencia en los contratos o tratos que puedan existir entre el colegio y los progenitores. “Solo velamos por lo pedagógico”, dijo.