La Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) denunció a Gerardo Román y Ada Gissel Zarza por hechos punibles contra el patrimonio.
El escrito presentado ante la Fiscalía señala que se observan hechos llamativos desde febrero de 2013 cuando “se libran sendas” órdenes de servicios emitidas por el señor Román, en ese tiempo jefe de Conservación Vial de Paraguarí, hasta agosto de 2015. Desde ese momento pasó a ocupar el mismo lugar, pero en Misiones, hasta la fecha.
La denuncia señala que las órdenes de servicio emitidas por Román eran “con una duración prácticamente mensual” para realizar gestorías en San Lorenzo y Asunción.
“Llama la atención que una funcionaria deba realizar gestiones con una duración en promedio por más de 20 días”, dice el documento.
¿Empleada de la esposa? El texto enviado al Ministerio Público añade que, tras averiguaciones, se tomó noticia de que Zarza estaría trabajando en un estudio contable de Villa Hayes, perteneciente a la esposa de su jefe, el señor Román.
Para sorpresa de los investigadores del MOPC, cuando fueron a preguntar por la señorita Ada Zarza en dicho estudio contable le confirmaron que esta trabaja en el lugar de forma regular, pero que en ese momento no se encontraba en la oficina porque estaba enferma.
Según la denuncia del MOPC, la propia esposa del señor Román, Carmen Corrales de Román, dueña de la consultora, fue quien los atendió, sin saber que eran funcionarios del Ministerio.
El salario de la mujer que constantemente es comisionada es de G. 1.824.055, por lo que se sospecha que esta era utilizada por la esposa del jefe para hacer trabajos de secretaria en la empresa privada.
En la denuncia alegan que Román mintió al señalar que Zarza estaba prestando servicios de gestoría para el MOPC en Asunción y San Lorenzo. Y lo mismo ocurrió aparentemente con la funcionaria. Manifestó prestar un servicio en el ente estatal, pero lo hacía en un lugar privado a la institución.
En consecuencia, el Ministerio considera que hay elementos para considerar la existencia de hechos punibles.