EFE
Tras una caminata por la Ciudad Colonial, las mujeres se concentraron en el Parque Independencia donde leyeron un comunicado en el que afirmaron que la penalización, sin excepción, del aborto “violaría la Constitución de la República y múltiples convenios y pactos internacionales firmados por el país para proteger los derechos sexuales y reproductivos y la dignidad de las mujeres”.
“La penalización del aborto en cualquier circunstancia conspira contra la integridad física y moral de la mujer”, dijo Arelis Ferrer, que sirvió de portavoz del grupo, y que señaló que el 13 % de las muertes maternas se producen por abortos clandestinos.
De acuerdo con Ferrer, en el país se producen cerca de 35.000 abortos al año, una cifra que podría ser mayor debido a que esta práctica se realiza clandestinamente porque está prohibida.
“Las mujeres pobres somos las que más riesgo corremos y a quienes se nos quiere condenar a la muerte en caso de que por circunstancias especiales tengamos que interrumpir un embarazo”, agregó.
El presidente dominicano, Danilo Medina, vetó a finales de 2016 el nuevo Código Penal debido a la penalización del aborto en todos los supuestos, una medida que había adoptado también en 2014 cuando se aprobó dicho código, cuyo debate lleva años en el Congreso Nacional.
Sin embargo, el Senado, controlado por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), rechazó el pasado 31 de mayo las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al Código Penal con el objetivo de despenalizar el aborto en ciertas circunstancias, a lo que se oponen las iglesias y los sectores conservadores locales.
De esta manera, quien fuera condenado por causar o inducir a un aborto sufrirá penas de cárcel de entre 2 y 10 años, según lo aprobado por el Senado.
El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados, que lo remitió a su Comisión de Justicia, que debate las recomendaciones de Medina para que se permita el aborto cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, cuando sea resultado de violación o incesto o cuando el feto no tiene posibilidad de sobrevivir fuera del útero.
En la concentración de hoy estuvo la diputada Faride Raful, del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), quien reveló que 11 de los 15 miembros de dicha Comisión, pendiente de rendir su informe al pleno de la Cámara, votaron en contra de que se permita el aborto en estas tres circunstancias.
“No podemos permitir que haya código penal en 2017, en pleno siglo XXI, cuando estamos sancionando la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres dominicanas”, dijo.
La República Dominicana es uno de los países de la región con mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con 106 decesos por cada 100.000 nacimientos, mientras que el promedio de la región es de 77, según datos del informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Según el Ministerio de Salud Pública del país, los abortos inseguros provocan el 10 % de las muertes maternas en República Dominicana.
