La empresa de seguridad fue adjudicada por la previsional por un total de G. 170.036.708.351 en los últimos seis años, siendo así la institución del Estado que más adjudicó a SST, que en total facturó unos USD 60 millones, la mitad de lo que invirtió el Estado en los últimos seis años.
COBRO. El 31 del mes pasado, el IPS respondió la observación realizada por la Contraloría, señalando que cobraría la multa, pero que sus cálculos le daban la suma de G. 902.707.028.
El IPS presentó además a la Contraloría una nota donde exigía a la empresa SST, ese mismo día (31 de agosto), el depósito de la multa en una cuenta bancaria.
Sin embargo, el titular del IPS, Benigno López, señaló ayer que finalmente la multa a la empresa SST por servicios no prestados se dio a través de un descuento directo a un pago que le realizaron.
AUDITORÍA. La auditoría practicada al IPS fue dispuesta por Resolución CGR Nº 139/2016 firmada el 24 de febrero de este año, y la misma formuló varias observaciones al IPS, entre las cuales, específicamente la número 42, trató la falta de cobro de multas por parte de la previsional a la empresa SST por incumplimiento de contrato de servicio de seguridad y vigilancia.
La auditoría señaló sobre este punto que detectaron ausencias no reemplazadas de guardias de seguridad en los respectivos puestos, cuyas planillas de asistencia no cuentan con firmas de guardias designados en los meses seleccionados como muestra: enero, febrero y marzo del 2015, de algunas dependencias del IPS, y que los días no cubiertos ascienden a 840, lo que representa un total de G. 52.949.920.460 de multa.
INFORME CAJONEADO. Curiosamente, el Informe Final de la Auditoría Financiera realizada al IPS no fue publicada en la web de la Contraloría y el coordinador de la auditoría, Miguel Ángel Galeano, fue removido de su cargo de director general de Control de Recursos Sociales el 8 de agosto de este año, una semana después de la última nota del IPS a la Contraloría.
En su reemplazo, entró el funcionario Cirilo Durañona Macchi, un oviedista que figura en la lista de bonos del Unace por G. 200 millones. Fuentes internas sospechan que este fue el motivo de la remoción.
