Noelia Duarte Solís
CIUDAD DEL ESTE
Los afectados piden que la intendenta Sandra McLeod sea procesada por desacato y que los antecedentes del caso sean tenidos en cuenta para un nuevo pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este.
El grupo realizó una presentación ante el juez Mario Aguayo, a quien pidieron que remita los antecedentes al Ministerio Público para iniciar una causa por desacato a la jefa comunal, quien, pese a varias intimaciones para el cumplimiento de la sentencia judicial, no cumplió con los ex trabajadores.
Asimismo, piden copias autenticadas del expediente para enviarlas a la Contraloría General de la República (CGR), Cámara de Diputados y la Junta Municipal, para impulsar un pedido de intervención, alegando malversación de fondos públicos, porque el dinero presupuestado para pagar a los ex trabajadores de la comuna, se utilizó para otros fines.
Hernán Romero, abogado de los 23 ex funcionarios, dijo que el proceso tuvo chicanerías interminables en el ámbito judicial y que en el año 2012 quedó firme, confirmándose la sentencia que dispone el pago de indemnización a esas personas desvinculadas de la Municipalidad en el año 2001 por Javier Zacarías Irún, quien era el intendente municipal en la época.
Precisamente, el pago fue incluido en el presupuesto municipal, luego de una intimación del juzgado y reclaman unos G. 3.754 millones, además de los intereses que generó el caso con los años de incumplimiento que arrastra. “Para nosotros hay un claro desacato a una disposición judicial de parte de la intendenta, esto tiene una estimación de pena de 5 años de privación de libertad. Lo que buscamos es cobrar lo que en todas las instancias se confirmó que corresponde a estas personas que prestaron servicios en la Municipalidad”, expresó el representante de los ex obreros.
Tras varios días de no darse ningún trámite al pedido, Romero pidió al juez Mario Aguayo el embargo preventivo de los bienes de la Comuna, por G. 3.754.546.872 para cubrir la deuda con los ex trabajadores.
INTERVENCIÓN. La intervención de la Comuna de Ciudad del Este es otra acción que van a impulsar los afectados, pues consideran que, si se presupuestó el dinero para pagar a ex trabajadores y no se cumplió, se produce una malversación de fondos, ya que en la municipalidad siempre alegan que no disponen de recursos para cumplir con ese monto.
Los ex trabajadores dicen que van a generar presión recurriendo a esta instancia, con elementos válidos, pero fueron advertidos que el poder político podría frenar acciones en el caso en este periodo electoral. Al respecto mencionaron que estarán expectantes a lo que el juez Aguayo haga con los pedidos, pues si se dilata el caso, no descartan medidas de fuerza frente al Palacio de Justicia.
INTRANSIGENCIA. Desde la Comuna esteña dijeron que los ex obreros son muy intransigentes pues no quieren ningún acuerdo para realizar un plan de pagos, ya que la comuna no tiene condiciones de desembolsar la totalidad de lo requerido de una sola vez.
“Se puede presupuestar un helicóptero, pero si no tenés, comprás un auto. No hay disponibilidad, se buscó acuerdos y formas de pago, pero fueron intransigentes”, explicó David Espínola, director de Administración y Finanzas de la municipalidad.
Sin embargo dijo que hace unas semanas, estuvieron un grupo de ex trabajadores con el abogado Romero, buscando un acuerdo para un pago fraccionado de la indemnización, pero que no se avanzó porque deben firmar un documento y definir el caso con la venia de la intendenta Sandra McLeod.
Los ex funcionarios de la comuna realizaron numerosas medidas de fuerza, recurriendo incluso a la crucifixión en la Plaza de la Paz. Entre ellos están dos mujeres que padecen cáncer, una de ellas actualmente internada en una unidad de cuidados intensivos y otra que se sometió a una intervención quirúrgica.