Tras la difusión del reglamento del Instituto de Previsión Social (IPS), que exigirá un examen médico a los que soliciten su ingreso como nuevos asegurados y que señala que no se dará cobertura médica a las enfermedades crónicas preexistentes, sino que los empleadores deberán cubrir los gastos, se encendió el debate en pro y en contra de la medida.
El ex presidente del IPS Pedro Ferreira considera que la medida es un intento de mejorar la parte económica, pero que es insuficiente. “Si no se acompaña con políticas públicas de amplio espectro para toda la ciudadanía, esto va a fracasar”. Añadió que las personas recurrirán a los amparos judiciales para acceder al tratamiento médico, pese a la medida.
En ese sentido, señaló que en el país es necesario solucionar el financiamiento para las enfermedades catastróficas. “Si el IPS ahora va a empezar a filtrar ese tema, y las prepagas del sector privado también filtran, lo único que le queda al ciudadano que tiene un cáncer o algún problema grave de salud es nada, porque el Estado central no está cubriendo ese tipo de enfermedades. Hay que buscar un financiamiento o una especie de seguro colectivo que tengamos entre todos”.
MÁS VOCES. “Se empieza a privatizar la salud porque se empiezan a restringir ciertos derechos fundamentales. Prácticamente las personas enfermas van a estar condenadas a morir. No se les va a contratar para trabajar y no van a poder ingresar al seguro”, criticó Adán Ovelar, del gremio Trabajadores Sindicalizados de IPS (Trasips). Dijo que para incrementar los ingresos se debe controlar el aporte de las empresas, si hay evasión o no.
El sindicalista de la Corriente Sindical Clasista, Eduardo Ojeda, señaló que rechazan el plan. “Es discriminatorio y violenta el derecho del trabajador. En el IPS debe filtrarse el prebendarismo y la corrupción generalizada. En IPS se han generado muchísimos nuevos cargos con jugosos salarios asignados por las autoridades”.
La Previsional alega en un comunicado que aún se encuentran analizando la posibilidad de implementar un mecanismo de control. Añade que “no será un mecanismo de discriminación, sino estrictamente de control”.
“Así como hoy está funcionando el IPS, vamos a llevar al fracaso a la seguridad social”, sentenció el ministro de Salud, Antonio Barrios. Dijo que se debe sincerar el presupuesto y debe haber categorías de aportantes para dar sustentabilidad al seguro.
La Asociación Latinoamericana de Medicina Social Capítulo Paraguay (Alames) denuncia que la medida “es un crimen que atenta contra la vida y la salud de las personas y lesiona gravemente derechos garantizados en nuestra Constitución Nacional”.
El comunicado resalta que la medida es un retroceso y es parte de la política privatista del Gobierno.