04 ene. 2026

Caso pozos: Ex director del Indert irá a juicio oral

El ex director de una de las dependencias del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y la Tierra (Indert), Santiago Vicente Ochipinti Beterette, enfrentará juicio oral y público por intento de estafa. Otros dos implicados reconocieron el hecho punible.

Pozos.   Fiscalía tiene en la mira  contratos del Indert con oenegés para la distribución de agua.

La oenegé presentó una oferta con irregularidades al Indert para el financiamiento de proyectos de abastecimiento de agua potable en Canideyú.

El juez de garantías Rubén Darío Riquelme elevó a juicio oral la causa que afecta a Ochipinti, ex director de la Dirección de Inversiones Rurales del Fondo De Inversiones Rurales Para El Desarrollo Sostenible (Fides) del Indert.

Ochipinti había sido imputado por el agente fiscal Martín Cabrera por los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y estafa en grado de tentativa.

En la causa también fueron procesados por el Ministerio Público el funcionario de la asesoría legal del Fides, Fredy Librado Velázquez Agüero y la presidenta de la Fundación Oriente, Liliana Esperanza Fernández Villagra.

Ambos aceptaron el hecho y se procedió a la suspensión condicional del procedimiento, a diferencia de Ochipinti quien negó las acusaciones en su contra.

El magistrado dispuso que Velázquez abone una suma de G. 300.000 mensual por el lapso de un año, mientras que Fernández debe pagar una suma de G. 1 millón mensual, también por 12 meses.

El caso data del año 2016, cuando la onegé Fundación Oriente solicitó al Indert el financiamiento de proyectos de abastecimiento de agua potable en asentamientos del Departamento de Canindeyú, pero la oferta presentada había incurrido en ciertas irregularidades, las cuales fueron obviadas por los funcionarios del Fides, Ochipinti y Velázquez, quienes eran los responsables de la verificación y análisis de documentos.

La fundación llegó a recibir el primer desembolso consistente en G. 756.448.081, equivalente al 60% del monto total requerido, lo cual fue rechazado por la Administración y Finanzas de la institución estatal.


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