EFE
Ramírez, que participó este miércoles en la quinta jornada de exposición de los alegatos finales por parte de la defensa, mostró en el juicio una fotografía del cadáver del campesino Delfín Duarte, uno de los once labriegos fallecidos en la masacre, esposado y con una gran herida de bala en la cabeza.
El abogado pidió que la imagen se remita a la Fiscalía para que abra una investigación sobre la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales de campesinos, que no murieron a raíz del tiroteo que desencadenó la masacre de Curuguaty, sino que fueron presuntamente disparados después, según sostuvo.
Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2012, cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que ocupaban en el distrito de Curuguaty (este) para pedir que se integrasen a la reforma agraria.
Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que fallecieron seis policías, por cuyas muertes hay once personas acusadas, y once campesinos, cuyos fallecimientos no fueron investigados por la Fiscalía.
Ramírez solicitó además la absolución de los cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal para los acusados Néstor Castro, Adalberto Castro, Dolores López, Lucía Agüero, Rubén Villalba, Juan Carlos Tillería y Luis Olmedo, para quienes la Fiscalía solicita penas de entre 5 y 30 años de prisión, ya que algunos de ellos están acusados además por homicidio doloso.
Con relación al cargo de asociación criminal, Ramírez dijo que “fueron los mismos campesinos quienes presentaron ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) todos sus datos como integrantes de una asociación legal” para tramitar las tierras que ocuparon, conocidas como Marina Kue.
En cuanto a la acusación de invasión de inmueble ajeno, el abogado subrayó que la empresa Campos Morombí, que mantiene un litigio con el Estado sobre la titularidad de la finca de Marina Kue, jamás presentó un título de propiedad sobre estas tierras, donadas al Estado en 1967 por la empresa La Industrial Paraguaya.
La sesión de este miércoles del juicio por la masacre de Curuguaty comenzó con retraso debido a que Rubén Villalba, uno de los campesinos acusados, se desvaneció a pocos minutos del inicio del juicio y tuvo que recibir atención médica.
Villalba, de 51 años, único acusado por la masacre de Curuguaty que permanece en prisión por una causa de 2008, ya sufrió desmayos similares en otros momentos del juicio, que comenzó a finales de julio del pasado año. Desde 2012 protagonizó tres huelgas de hambre para solicitar su libertad y la de su compañeros, es el principal acusado del caso Curuguaty, a quien la Fiscalía pretende imponer una pena de 30 años de prisión y 10 años de medidas de seguridad.
La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución del entonces presidente Fernando Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
