La Ley de Financiamiento Político está pendiente de modificaciones en la Cámara de Diputados, las cuales prácticamente ya se descartan para este periodo electoral. Fruto de ello, el presidente Horacio Cartes será uno de los beneficiados, como ya lo fue en las pasadas internas, pues pese a los millonarios aportes que admitió haber hecho a la campaña del diputado Pedro Alliana para que ganara la presidencia de la ANR, los mecanismos que establece la ley no se activaron para controlar el origen de los fondos.
Los propios diputados oficialistas trabaron en innumerables ocasiones el estudio de las modificaciones de la Ley de Financiamiento, y si en esta semana no se aprueban las mejoras para que rija el control en las elecciones, ya no se tendrían en cuenta para las internas del 17 de diciembre, teniendo en cuenta que el 21 de agosto es la convocatoria oficial del TSJE.
El presidente de la República, ya en las elecciones para la elección de autoridades de su partido en el 2015, había admitido públicamente haber realizado con su propio dinero aportes al sector de Alliana.
Sus detractores dijeron que fueron hasta USD 18 millones, pero fuentes de Honor Colorado admitieron que la suma rondó unos USD 10 millones; es decir, cien veces más de lo que está permitido, dado que el límite actual para aportes individuales, de unos 5.000 jornales, se traduce en aproximadamente USD 100.000.
LETRA MUERTA. En las modificaciones que preparan los diputados se establece que la ley ponga un límite a los aportes, pero especialmente busca que la Seprelad y la SET formen parte de los organismos de control.
Es la versión defendida por el diputado Éber Ovelar, a través de su trabajo en las comisiones.
“Queremos más control de la SET, Seprelad y establecemos que el límite de aporte quede en 5.000, en vez de 7.000 jornales mínimos por aportante, como dictaminaron en la Comisión de Asuntos Constitucionales”, dijo el diputado Ovelar.
Señaló que en cuanto a los órganos de control, hay que facultar a instituciones como Seprelad para que entren a hacer su trabajo contra el lavado de dinero desde los propios partidos.
La modificación paralela es la que descansa en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que omite agregar más instituciones de control y que defiende la opción de elevar el aporte a 7.000 jornales mínimos.
“Debemos redactar, porque no es órgano. Debemos determinar quiénes son sujetos de control y en la Ley 1015 no están los partidos políticos expresamente. Entonces, solo por una ley los podés incorporar al control de Seprelad”, dijo.
Agregó que “también la idea es tener como órgano coadyuvante a la Subsecretaría de Estado de Tributación; de lo contrario, es de vuelta una letra muerta”.
Según el diputado Ovelar, actual presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, en vista de que no fue considerado para la sesión de hoy en el orden del día el tema, es probable que ya no cierre el circuito legislativo requerido para que finalmente en las internas políticas de diciembre se tenga por primera vez el control del aporte en los partidos políticos.
SOBRE TABLAS. Eventualmente, se puede considerar el dictamen de su comisión para que se trate sobre tablas el tema y que, de aprobarse y a un ritmo vertiginoso, el jueves vaya a tratar el Senado, aunque ello es improbable, dado que dicha cámara tiene su propia agenda.
Cabe considerar que con el tiempo con el que se cuenta para aprobar o no las modificaciones que puedan mejorar el control del financiamiento, ya prácticamente se puede decir que la ley quedará así como está; es decir, tendrá serias falencias en el control.
