Por: Samuel Acosta
Twitter: @acostasamu
En los últimos diez años se emprendieron proyectos de inversión en Paraguay por más de USD 3.119 millones bajo la Ley Nº60/90 de incentivos fiscales a la inversión nacional y extranjera, según los registros históricos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
El 49,6% fueron proyectos desarrollados por empresas nacionales y un 50,4% de firmas de origen extranjero.
“Los empresarios paraguayos también están apostando, acompañan con la creación de nuevas firmas o la reinversión de sus mismas empresas”, destacó el viceministro de Comercio, Óscar Stark, en diálogo con Última Hora.
Según un informe del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el año pasado se aprobaron bajo este régimen legal unos 117 proyectos y la inversión fue de G 707.401 millones (USD 123,8 millones).
Stark destacó que gran parte de la exportación con valor agregado es justamente gracias a empresas que se desarrollaron o ampliaron gracias a este régimen especial.
Las manufacturas, por ejemplo, el año pasado se aprobaron 81 proyectos de los cuales la inversión de firmas locales fue por valor de G 328.113 millones (USD 57,4 millones); mientras que la extranjera G 37.375 millones (USD 6,5 millones).
“A pesar de que Brasil cayó (-3,5%) en su economía el año pasado, nuestras manufacturas crecieron; entonces, algo pasa que después de décadas nos hemos desacoplado de Brasil aunque sigue siendo nuestro principal mercado”, comentó.
nueva ley. Atendiendo a la dinámica que se genera con este régimen especial, Stark dijo que se está trabajando en el desarrollo de una nueva ley que sería complementaria.
“Estamos trabajando en generar un banco de inversión para iniciativas nacionales y extranjeras, que permita facilitar la inscripción de empresas y acelerar todos los procesos. Actualmente en 70 días en promedio se sabe si el proyecto será aprobado o no, queremos bajar ese tiempo a solo 30 días”, adelantó.
Dijo que ya cuentan con un borrador del proyecto que está siendo ajustado en el aspecto jurídico y sería presentado al Parlamento en marzo, cuando se retomen las actividades.
“Va ayudar a desburocratizar los procesos y acortar los plazos. El peor mal para un inversor es no saber si le aprueban o no su proyecto”, dijo.