Un sondeo nacional de candidatos para las elecciones generales del 22 de abril, denominado A quiénes elegimos, del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y Girolabs, 123 de los 245 que pugnarán el próximo domingo por un cargo electivo, reportó que existe un mayor porcentaje de candidatos que están en contra del matrimonio igualitario que contra el aborto.
En ese sentido, a la pregunta de si está a favor o en contra de la unión civil entre personas del mismo sexo, la respuesta de un 72% de los sondeados fue que están en contra y un 16% a favor.
Mientras que a la pregunta ¿está de acuerdo con la despenalización del aborto?, solamente el 36% respondieron que están en contra en cualquier caso. El 11% está a favor en cualquier caso, 47% está a favor solo en riesgos de muerte de la madre o del hijo y el 12% solo en caso de abuso sexual.
En la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional (BACCN) se desarrolló ayer la presentación del resultado del sondeo.
Los representantes de la organización, Evangelina Cabrera, Diego Laterra y otros, mencionaron que en la página web aquieneselegimos.org.py se encuentran disponibles las respuestas de los candidatos a presidentes, senadores, diputados y gobernadores sobre los diversos temas.
El objetivo de la página es promover el voto informado para que la ciudadanía vote con responsabilidad y también para promover candidaturas que muy poco se conoce de cara a los comicios.
Uno de los contenidos que tiene es la información sobre los candidatos, tanto laboral como académica, así como preguntas en general para conocerlos, desde cómo financian sus campañas hasta sus posturas sobre varios temas.
Sostienen que la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública son pilares fundamentales de la democracia.
Otras preguntas. Otra de las preguntas que respondieron los candidatos es referente a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). La mayoría de los candidatos quiere desintegrar la FTC porque no entienden cuál es su funcionamiento.
El 59% dijo estar de acuerdo con poner fin a la incursión de los efectivos militares y policiales en la zona Norte del país, en donde fueron desplegados contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Un 30% de los que aspiran a cargos respondieron que tuvieron algún problema legal en lo civil o lo penal.
Asimismo, un 76% no está de acuerdo con la enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial.
En lo que se refiere al área económica, un 54% de los candidatos sondeados dijeron estar en contra de la emisión de bonos soberanos para financiar políticas públicas.
La Fundación CIRD realiza desde el 2008 este tipo de sondeos. Según sus responsables, este año hay mayor participación de los candidatos.
El citado sondeo se inició en febrero de este año y continúa recabando las respuestas de las 144 preguntas remitidas a los candidatos de los departamentos Central, Alto Paraná y Asunción, según informaron.
La contestación no es obligatoria indicaron y, en ese sentido, varios candidatos no respondieron sobre los puntos más polémicos.
El 33% admite tener a parientes que trabajan en la función pública
El 33% de los candidatos a los distintos cargos electivos reconocieron que tienen a familiares trabajando en la función pública. La mayoría de los candidatos buscan su reelección, principalmente en el Congreso, mientras que otros simplemente migran de una institución a otra, como los concejales municipales.
Las instituciones públicas son centros de funcionarios que accedieron a los cargos, no por eficiencia, sino por tener un amigo o familiar político que les consigue el puesto.
La ley que prohíbe el nepotismo en la función pública es letra muerta en nuestro país, debido a que a diario se suceden casos, pero que no son castigados.
Es nepotismo cuando una persona, facultada para nombrar o contratar en cargos públicos, realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en violación a las normas que regulan.
Dicha normativa establece que el que realice un nombramiento o una contratación de servicios, en contravención a lo dispuesto en la presente ley, será sancionado con una medida de inhabilitación en el ejercicio de la función pública de hasta cinco años y la nulidad del acto jurídico. Señala asimismo que ambos, autor y beneficiado, serán solidariamente responsables de la devolución de los salarios cobrados indebidamente.