Filemón Paredes, dirigente de la CNI, dijo que los desplazados son productores en emergencia y que, por lo tanto, deben ser contemplados como beneficiarios de la ley de emergencia campesina.
Aclaró que no están en contra de que se corrobore si cada uno de los excluidos efectivamente es pequeño productor. No obstante, urge que este proceso se cumpla en el menor tiempo posible, debido a que la situación en el campo es apremiante.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) confirmó que de la lista de más de 60.000 beneficiarios de la ley, presentada por la CNI, solamente figuran en el Renabe 18.153 productores.
Figurar en dicho registro es uno de los requisitos para acogerse a los beneficios de la Ley de Emergencia: asistencia alimentaria, financiación de proyectos productivos y rehabilitación financiera. Este último punto incluye la refinanciación de deudas y entrega de nuevos préstamos a través del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
Otra condición para retomar el diálogo con el Gobierno es la entrega de los víveres, resaltó Paredes.
Ayer, en horas de la tarde, se inició la entrega de los kits de alimentos en el Departamento de Canindeyú, informó por su parte la Dirección de Comunicación del MAG.
Ayuda humanitaria. Pese a esta señal de apertura al diálogo desde el sector campesino, las movilizaciones previstas para el lunes siguen firmes, aseguró el dirigente Jorge Galeano. Las manifestaciones serán frente a instituciones del Estado en trece departamentos del interior del país, señaló.
De hecho, mientras no tengan nada concreto seguirán denunciando la situación ante diversas instancias, anunció. Ayer emitieron cartas a varios organismos internacionales, solicitando inclusive ayuda humanitaria. Entre las organizaciones a las que recurrieron se encuentran Naciones Unidas, Celac, Unasur, Mercosur, FAO, Oxfam, Agencia de Cooperación Sueca, la GIZ, la JICA, entre otras.