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Política
jueves 4 de mayo de 2017, 02:00

Cámara solo controla que planillas estén firmadas por diputado

El director de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Ricardo Vaesken, declaró ayer como testigo en la investigación al diputado Tomás Rivas y sus caseros con sueldos de la Cámara Baja. El funcionario sostuvo que cada legislador cuenta con choferes y secretarios que solo marcan asistencia por planilla y afirmó que la dirección a su cargo solo controla mensualmente que los papeles estén avalados por el diputado en cuestión.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo del agente fiscal Luis Piñánez, se inició a raíz de publicaciones de ÚH que revelaron cómo Rivas hizo figurar como contratados a Lucio Romero, Reinaldo Chaparro y Nery Franco. Los dos primeros son caseros del legislador para propiedades en Mbuyapey y Lambaré, mientras que Franco trabaja en un comercio del legislador colorado en Ybycuí.

En su defensa, el diputado Rivas sostuvo que Romero, Chaparro y Franco son sus choferes y secretario privado, respectivamente, por lo cual su asistencia es registrada solo en planillas de asistencia.

CUPO. En su declaración testifical, el director de RRHH de la Cámara Baja indicó que las planillas de asistencia para choferes y secretarios de legisladores son retiradas a comienzo del mes por cada diputado y son nuevamente entregados a finales del mes en la dirección a su cargo.

Recalcó que Recursos Humanos siempre controla que las planillas estén firmadas por el legislador a cargo de los funcionarios. Por otro lado, señaló que a pedido de cada parlamentario la Cámara asigna contratos a los funcionarios solicitados y que en ese sentido no existe un tope de cantidad. Añadió que cada legislador solo puede contar con tres funcionarios que marquen asistencia con planillas, el resto debe utilizar el reloj biométrico.

Asimismo, señaló que cuando un legislador no asiste a la Cámara, los choferes deberían estar acompañándolo en sus actividades en sus respectivos departamentos.

El caso se inició a partir de una denuncia de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, que a su vez se basó en la información periodística. El gremio denunció al parlamentario por cobro indebido de honorarios, lesión de confianza, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y estafa.