Sostuvo que atenta contra la Constitución Nacional al querer equiparar con un proceso penal, y que la cuestión de las mayorías genera dudas.
A su criterio, este tipo de proyecto exige un mayor debate y debería ser sometido a una audiencia pública.
“La solución concreta y puntual por parte del Ejecutivo hubiera sido directamente una objeción total, un veto total”, manifestó.
“Más allá de todo el debate hay dos cuestiones fundamentales que atentan contra los derechos constitucionales”, insistió Camacho.
“En primer lugar la frase que aparentemente fue la que vetó, que establece, que equipara el proceso penal (...) eso llevaría a los plazos del proceso penal que puede ser interminable”, sentenció, alegando que una sentencia definitiva lleva años.
Refirió que es inconstitucional y además queda en entredicho todo el sistema de mayorías. “Al existir esa duda, creo que lo correcto hubiera sido el veto total”, insistió.
“Resulta que este es un procedimiento claramente parlamentario. Es una potestad de los parlamentarios que determinan la pérdida de investidura”, indicó.
“No puede equipararse al proceso penal. Es una cuestión muy lógica. Un periodo parlamentario dura cinco años, un proceso penal puede durar 8, 9, 10 años para la sentencia definitiva”, señaló.
Argumentó que todas las sanciones que el Congreso pretende establecer son puntuales y requieren urgencia.
“Un escándalo sobre un legislador grabado presionando sobre un juez para que este sentencie, obviamente requiere una sentencia inmediata de sus pares”, refirió en alusión a los casos de Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto.
Trajo a colación que la sanción para diputados o senadores se limita a la pérdida de investidura, ya que no hay pena de sanción ni pena pecuniaria. “Por eso no corresponde su remisión al proceso penal”, sostuvo el asesor jurídico de Fernando Lugo.