Acompañado por el director general de Asuntos Legales de la Cancillería Nacional, abogado Rubén Darío Ortiz, el embajador Cáceres presentó el documento al subsecretario general Carlos Alberto Simas Magalhães, responsable de la División de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de las Relaciones Exteriores del Brasil.
Durante el trámite de entrega y recepción del legajo, también estuvo presente el embajador Rodrigo Do Amaral Souza, director de Inmigración y Asuntos Legales de Itamaraty.
Según el reporte de Cáceres a la Cancillería Nacional, en la reunión mantenida con el subsecretario general, este manifestó “la mejor predisposición” del Gobierno brasileño de tramitar con la mayor celeridad posible el pedido del Gobierno paraguayo en el marco de la cooperación jurídica bilateral.
El documento, que el abogado Ortiz se encargó de acercar hasta la Embajada paraguaya en Brasilia, y que cuenta con 294 fojas, se presenta en el marco del juicio sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso, ocurrido el 16 de octubre de 2014.
Entonces, Pablo Medina y su acompañante Antonia Almada fueron emboscados y asesinados cuando regresaban de una cobertura periodística.
El crimen fue perpetrado en Villa Ygatimí, a unos 50 km de Curuguaty, en el Departamento de Canindeyú.
Al día siguiente de este suceso, el entonces intendente de Ypejhú, Vilmar Neneco Acosta –vinculado al narcotráfico–, se fugó de la zona, y siempre existió la sospecha de que se encontraba en el Brasil. Más aún cuando los investigadores comprobaron que tenía documento que acreditaba su supuesta nacionalidad brasileña, la que luego quedó descartada, porque la documentación respectiva era falsa.
Después de más de 4 meses de permanecer prófugo, Acosta fue detenido el 4 de marzo último en Mato Grosso do Sul (Brasil), y aunque al principio se alentó la posibilidad de su deportación, el Supremo Tribunal de Justicia del Brasil declaró su prisión con fines de extradición. Tras el trámite de ayer, el siguiente es que la Cancillería brasileña remita el exhorto al Ministerio de Justicia y este al Supremo Tribunal para su consideración, acto para el que no hay un plazo determinado.
