La acción fue planteada bajo patrocinio del abogado Fausto Portillo Lugo, en contra de la resolución del 26 de setiembre pasado, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala.
La resolución firmada por los camaristas Cristóbal Sánchez, Mirtha González de Caballero y Pedro Mayor Martínez, hizo lugar a la impugnación de la jueza Gricelda Caballero.
Con ello, los altos magistrados ratificaron que el que debe juzgar la causa es el juez Óscar Delgado, quien se inhibió por amistad con dos de los tres nuevos abogados del legislador.
EN LA CORTE. En su acción, el legislador afirma que la resolución de los camaristas vulnera los artículos 16 y 17, inciso 5° de la Carta Magna.
Los mismos se refieren a la defensa en juicio y de los derechos procesales, específicamente el derecho de la libre elección de defensores.
Tras citar la resolución, sostiene que se vio obligado a cambiar de abogado, por la enfermedad del doctor Óscar Latorre, su ex defensor.
Sostiene que el mismo otorgó fianza inclusive a los efectos de garantizar el sometimiento al proceso.
Alega que en estas condiciones, el 20 de abril, nombró a tres nuevos abogados, José González Macchi, Víctor Galeano Perrone y Fausto Portillo para ejercer su defensa.
Tras tomar intervención, ese día, el juez Óscar Delgado se apartó del caso alegando una amistad de más de 25 años con los dos primeros.
Sostiene que de ninguna manera una norma de rango inferior como la del Código Procesal Penal, puede vulnerar a una de rango superior como la de la Carta Magna.
Cita también el Pacto de San José de Costa Rica, específicamente, en el derecho a la libertad de elegir a un defensor de su confianza.
Cita también el principio de supremacía de la Constitución, del Estado de Derecho, de las garantías procesales.
MEDIDA CAUTELAR. La defensa también pide que, como medida cautelar, se suspendan los efectos de la resolución dictada por el Tribunal de Apelación.
Asimismo, pide que la resolución sea declarada nula e inaplicable en contra de su persona.
De esta manera, solicita que el expediente sea enviado a la jueza María Gricelda Caballero a los efectos de que sea ella la que atienda la causa, y no su colega Óscar Aníbal Delgado.
Con la presentación de esta inconstitucionalidad, se cuestiona la competencia del juez Delgado, con lo que la causa está trabada hasta que la Corte defina la cuestión.
En el caso, están procesados además de Bogado, su supuesta niñera, Gabriela Quintana Venialgo y Miguel Ángel Pérez. Están acusados por cobro indebido de honorarios y estafa.
Quintana tenía salario como funcionaria de Diputados, y al mismo tiempo cobraba en la Itaipú como contratada.
