Cuando la semana pasada el ministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Valdés Pulido, presentó el Informe de Finanzas Públicas 2017 al Congreso chileno, señalando que el país trasandino no podía seguir aumentando la deuda al ritmo que llevan por demasiado tiempo, varios recordamos la advertencia que viene haciendo desde hace un tiempo el ex ministro de Hacienda paraguayo César Barreto.
Y más preocupación causó que a esta advertencia se haya sumado esta semana otro reconocido y respetado ex ministro de Hacienda, Dionisio Borda, quien señaló estar muy a favor de la mayor inversión en infraestructura, pero sin que vaya más allá de la capacidad de gestión del sector público y siempre que el pago de la deuda pueda ser cumplido sin entrar en un acelerado proceso de “bicicleteo financiero”.
El responsable del Tesoro chileno declaró al diario trasandino La Tercera que si bien no le preocupaba que la deuda pública chilena llegue al 25,2% del PIB el próximo año (Paraguay está en 22,5% del PIB, actualmente), era el ritmo de crecimiento lo que motivaba preocupación. “Si bien seguimos en niveles de deuda bajos en una comparación internacional, nos estamos acercando a otros países que tienen una clasificación de riesgo no tan buena como la chilena”, agregó Valdés Pulido.
Para quienes somos ciudadanos comunes, escuchar las advertencias de dos ex ministros de Hacienda sobre el endeudamiento público resulta, como mínimo, inquietante.
Se entiende que el país necesita desarrollar infraestructura para poder crecer. Pero por ahora se percibe que esa mayor inversión solo está orientada a los grandes productores y empresarios, que los pequeños productores se encuentran relegados a un segundo plano y que con suerte serán atendidos cuando se haya terminado de atender a los más grandes.
En ese contexto, varios nos preguntamos si es aceptable cargar a todo un pueblo con un endeudamiento que crece a un ritmo acelerado, solo para beneficio de unos pocos, y más aún si para solucionar el problema de endeudamiento nos veremos obligados a pagar más impuestos cuando el próximo gobierno asuma.
Las autoridades necesitan entender que es necesario explicar hasta el hartazgo los planes de endeudamiento público que tienen hasta el año 2018, cómo afectará en el futuro la deuda y qué consecuencias impositivas tendrá en un futuro próximo la decisión que están tomando hoy. Más que atacar a detractores, su trabajo debe concentrase en beneficiar a todos, principalmente a los más necesitados.