“El Ministerio de Justicia, de forma mensual, recibe dinero de la Corte en concepto de tasas judiciales, pero desconozco dónde va a parar el dinero, aunque no veo ninguna mejora en el penal de Tacumbú”, mencionó. Incluso recalcó que la penitenciaría de Tacumbú se encuentra en un estado precario y criticó a la ministra, Carla Bacigalupo, por la situación deplorable en la que están los internos y guardiacárceles.
“Esto ya se venía venir, porque los reclusos usan mucho calentador, aunque no se sabe el origen del incendio, pero es una situación caótica en la que viven ellos”, señaló la magistrada. También mencionó que la ministra Carla Bacigalupo es muy reacia a la hora de coordinar las cuestiones penitenciarias.
Llanes, muy ofuscada y consternada por el incendio desatado en la madrugada de ayer, también expresó que estuvo visitando el penal donde encontró más de 800 internos que duermen afuera, es decir, en los pasillos. Aprovechó la oportunidad para hablar sobre el hacinamiento que se registra en Tacumbú desde hace varios años.
“Actualmente están 4.000 reclusos, cuando solo se puede albergar a 1.687, no se tiene que llegar ni a los 1.700 reos”, añadió.
Derrumbe. Por su parte, la ministra Carla Bacigalupo, que también estuvo por el penal, quiso apaciguar lo sucedido, pero la magistrada declaró que la construcción de la parte vieja del penal de Tacumbú estaba en riesgo de derrumbe, por lo que pidió que se tomen las medidas correspondientes. Finalmente, dijo que junto con sus colegas van a analizar la posibilidad de remitir un informe a la máxima instancia judicial.
recaudación. Según el informe proveído por el Departamento de Ingresos Judiciales, dependiente de la Corte Suprema, desde el mes de enero a mayo del corriente año se registró una recaudación de 150.130.949.883 guaraníes en concepto de tasas judiciales, de los cuales el Ministerio de Justicia recibió G. 21.828.235.753.
Según la Ley 2388/04, el 70 por ciento de ese dinero se destina a programas de inversión física para la construcción y mejoramiento de la infraestructura penitenciaria del país; el resto, que es el 30 por ciento, deberá invertirse en el funcionamiento de centros alternativos.