La mandataria explicó que el Ejecutivo establecerá una cotización adicional de un 5 % para crear “un nuevo sistema de ahorro colectivo”.
“Se hará con cargo al empleador y en un período de seis años para garantizar una mejor transición”, enfatizó Bachelet a través de una cadena de radio y televisión.
Sostuvo que la administración recaerá en una entidad pública y autónoma, con reglas estrictas y altas exigencias profesionales “para que nadie pueda poner en duda su eficiencia, transparencia e independencia”.
Dijo que este 5 % se dividirá en dos partes: un 3 % irá a las cuentas individuales, el que será “heredable, de plena propiedad” y que el 2 % restante se irá a un seguro de ahorro colectivo.
Afirmó que este último guarismo será administrado con un fuerte carácter redistributivo “para que además de la solidaridad intergeneracional”, exista apoyo hacia los que logran un menor ahorro y pensiones más bajas.
Indicó que se crearán mecanismos e incentivos para que el cobro de las comisiones esté relacionado con los beneficios reportados a los afiliados.
“No es posible que cuando a una administrador le vaya mal, el único que asuma el costo sea el afiliado”, enfatizó.
La presidenta Bachelet señaló que el nuevo proyecto de ley permitirá subir en promedio en 20 % los montos de las actuales pensiones de vejez entregadas por las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP).
Afirmó que se busca proyectar un aumento promedio cercano a 50 % en las pensiones que tendrán los actuales cotizantes al momento de su jubilación “cuando el sistema esté en pleno funcionamiento”.
Actualmente, el 90,7 % de los jubilados por el sistema privado de pensiones, reciben pagos inferiores a 154 mil pesos (unos 233 dólares) mensuales, casi la mitad del sueldo mínimo establecido en Chile.
El anuncio de la presidenta se dio en un contexto político enrarecido por la falta de acuerdo transversal de la mesa técnica que se reunió por siete meses, situación que fue reconocida por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que lideró el proceso.
Centenares de miles de personas han salido en los últimos meses a protestar en las calles de Santiago y otras ciudades de Chile para exigir el término del sistema privado de pensiones.
Quienes defienden el sistema, han propuesto ideas que solo afectan a los trabajadores para mejorar las pensiones: aumentar la edad de retiro, que es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres o aumentar su cotización a las AFP (10 % del sueldo) mediante cuentas de ahorro voluntario en las mismas administradoras.
