La Contraloría General de la República y por directa responsabilidad el contralor general, Enrique García, evidenciaron que no entienden mucho sobre lo que trabajan. El famoso dictamen en el que recomiendan que los docentes de la Universidad Nacional del Este –que por extensión alcanzaría a las demás públicas– devuelvan el salario del mes de enero, alegando que es un mes no trabajado, constituye un error no solo legal, sino técnico.
La Constitución Nacional, el Código del Trabajo y la Ley de Educación Superior son solo algunas de las normativas que se pasaron por la tangente para concluir el error del tamaño de su ignorancia e incompetencia en el asunto.
Después del revuelo que se armó y las inacabadas críticas a lo largo y ancho del país, ahora anunciaron desde la CGR que todo está siendo sometido a revisión y que no será aplicada la conclusión del sumario a la UNE en lo que respecta al punto de los salarios de enero.
Yendo a lo más específico, la Ley 4995/13 de Educación Superior expresa en su artículo 45 que “Son derechos de los docentes de las instituciones de educación superior: Inciso G: Percibir sus haberes por los días de receso establecidos en el calendario académico, asuetos y suspensión de clases por causas ajenas a su voluntad”.
Si los técnicos de la Contraloría ignoran cosas básicas como esta, la de manejar una ley que regula a cierto sector que están interviniendo y auditando, ¿qué más queda? ¿En manos de quiénes estamos?
Imaginemos por un instante que todos los trabajadores que cobran salario por vacaciones caigan bajo la figura de lesión de confianza y cobro indebido de honorarios, delitos tipificados y penados en la legislación nacional. Es eso exactamente lo que dijeron los técnicos de la Contraloría, palabras más, palabras menos.
Cuando estalló el caso, en diferentes plataformas la gente se acordó inmediatamente de los legisladores y sus tres meses de vacaciones. Que si se aplicara tal rigor a los docentes, que están amparados en ley, no obstante, también debería extenderse lo mismo a senadores y diputados, quienes además se ausentan, no concurren en tiempos electorales y trabajan casi nada.
También recordaron a los miles de planilleros que pueblan y abultan la función pública y que parasitan al erario estatal sin control ni rubor; los punteros políticos, las secretrias vip, los ahijados, los hijos de las amantes, los amigotes y los recomendados de toda laya. En fin, una población tan vasta que sin embargo pasa desapercibida para la Contraloría, cuando su función es justamente ocuparse de eso. Tal vez no lo hagan porque sería quemar con quienes los respaldan políticamente para mantenerse en el cargo.
Tampoco olvidaron el perjuicio de USD 3,6 millones que García, el hoy contralor general, le ocasionara a la Municipalidad de Asunción, cuando era asesor jurídico, al apelar negligentemente fuera de plazo un juicio por el caso Ivesur, dejando en estado de indefensión a los contribuyentes.
Semejante despropósito, torpeza profesional, abuso e impericia, es lo que estamos pagando con nuestros impuestos. No nos merecemos. La CGR, comenzando por la cabeza, debe ser sometida a una revisión y, tal vez, también ser auditada en su gestión. Mal no les vendrá y de paso nos enteramos en qué andan.
