Hace unos días, la jueza de Sentencia Laura Ocampo denunció, en pleno juicio oral, que recibió “presiones políticas”. Acto seguido se inhibió de la causa, en la cual están procesados dos médicos del Instituto de Previsión Social por una presunta negligencia médica que le costó la vida a un recién nacido. Si esta magistrada fue presionada por políticos en un caso de dos médicos y decidió renunciar por el bien de su carrera, ¿podemos esperar mucho más de los jueces a cargo de las causas de senadores, diputados y ex ministros? La injerencia política en el palacio de Astrea es tanta que ya no cabe bajo el tapete.
Los jueces, fiscales y defensores públicos saben que alcanzaron sus cargos por el beneplácito de políticos que integraron el Consejo de la Magistratura y también están conscientes de que en cualquier momento pueden ser desalojados de sus despachos si así lo deciden los políticos miembros del Jurado de Enjuiciamiento. En el medio, las vidas profesionales de los magistrados están regidas por nueve hombres y mujeres colocados por otros políticos en la Corte Suprema.
Esta semana, el ex síndico general de Quiebras Gerardo Sanabria Mora sabrá finalmente si su proceso, por un presunto perjuicio al Estado de más de G. 2.700 millones, quedará o no extinto. Los mismos fiscales asumen que el caso quedará impune por la excesiva mora: la causa estuvo paralizada ocho años en la misma Corte. Así las cosas, resulta hasta lógico que los Bogado e Ibáñez del mundo sigan campantes y tranquilos de que nunca siquiera tendrán que enfrentar un juicio oral.
Entonces también es natural que, en la universidad pública más grande del país, los futuros abogados ya empiecen a disputarse el poder bajo el amparo del Partido Colorado y que una campaña electoral por el Centro de Estudiantes implique un descomunal derroche de dinero.
A fuerza de escándalos, con el tiempo el Poder Judicial logró enterrar la capacidad de asombro de la gente. Ya no podemos fingir estupor ante un sistema judicial incapaz de dictar una –solo una– condena ejemplar a un congresista o funcionario poderoso, pero todos los días llena las cárceles de marginalidad.
A esta altura, el sistema judicial consiguió que ya nadie se inmute al ver en los noticieros la impunidad con la que se desarrolla la vida política en Paraguay. No podemos siquiera aparentar sorpresa cuando vemos que la Facultad de Derecho UNA es una seccional colorada donde los alumnos más despabilados aprenden rápido la lección más gravitante de todas: Más importante que el derecho romano o la ética, en el Palacio de Justicia prevalecen, sobre todo, los amigos, el partido y los favores.