EFE
Impulsado por la campaña global del #MeToo y la fuerza del feminismo local, el Congreso se prepara para debatir la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
El Código Penal vigente desde 1921 en el país suramericano considera el aborto un delito, aunque contempla que “no es punible” en dos casos: cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación.
Sin embargo, esta normativa se torna insuficiente en un país donde, según Amnistía Internacional, el aborto es la principal causa de muerte materna en 17 de las 24 provincias y donde, según Unicef, nacen anualmente casi 3.000 bebés de niñas de entre 10 y 14 años.
“Eso es abuso y violación, y ni siquiera se les ofrece la posibilidad de abortar, se les oculta la opción”, denuncia en una entrevista con Efe Laura F. Belli, doctora en filosofía e integrante de Economía Femini(s)ta, organización que se dedica a evidenciar la desigualdad de género en Argentina con datos y estadísticas.
También destaca que las más perjudicadas son las gestantes de bajo nivel socioeconómico porque tienen menos información y peor acceso a anticonceptivos.
A esto se suma que un aborto en una clínica privada, con todas las condiciones necesarias, cuesta USD 1.000 y las pastillas de misoprostol, 3.000 pesos (casi USD 150).
“Es imposible que una mujer pobre pueda acceder cuando el promedio del sueldo de las mujeres es de 12.000 pesos al mes (588 dólares) y el 75 % de ellas cobra menos que eso”, apunta antes de destacar que esto convierte el aborto en un asunto no solo de “salud pública” sino de “desigualdad”.
El obstetra Mario Sebastiani, autor del libro "#Aborto legal y seguro”, afirma a Efe que, mientras que una persona con recursos puede interrumpir su embarazo de forma “más o menos segura”, quienes se encuentran en situación de precariedad “se someten a técnicas como tallos vegetales, agujas o raspados, en condiciones sanitarias terribles”.
“Las he visto morir en hospitales públicos y no vi ni una internación por complicaciones en el Italiano (centro privado de Buenos Aires). Aprendí que la equidad se logra con una ley”, asevera el médico, quien destaca que hay 60.000 hospitalizaciones al año por este motivo.
También hace hincapié en que la “evidencia científica” revela que en los países en los que de despenalizó el aborto disminuyeron las muertes por este motivo, así como la cantidad que se practican.
“En España hay 94.000 al año y aquí tenemos 500.000 clandestinos. ¿Quién gana con el ‘no’? ¿Las mujeres? Tienen que recurrir a la indignidad de la clandestinidad... ¿Los embriones? Tampoco, porque tenemos seis veces más aborto que en Italia y España”, destaca.
La lucha por cambiar la normativa actual, que abandera la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde 2005, está plasmada en un proyecto de ley que establece que toda mujer tiene derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación.
Después de ese plazo, estaría permitido en los dos casos que contempla hoy el Código Penal y, además, si existen malformaciones fetales graves.
La iniciativa se presentará el próximo 6 de marzo, por séptima vez, en el Congreso, donde nunca llegó a tener estado parlamentario, ya que no es fácil iniciar este debate en un país en el que hay una influencia notable de la Iglesia católica.
Sin embargo, algo cambió: el presidente Mauricio Macri, personalmente contrario al aborto, dio libertad de conciencia a los legisladores de su partido y los instó a abordar la despenalización.
Esta es una decisión que nunca tomó su antecesora, Cristina Fernández (2007-2015), pese a que sí promovió leyes progresistas como la del matrimonio igualitario o la de identidad de género.
“Es fantástico que, por primera vez, un Gobierno opine abiertamente y dé libertad. Es uno de los temas que nos faltaba dialogar, no solo en el Congreso, sino como sociedad”, señala Belli, especializada en bioética.
Para ella, la oleada feminista global y, especialmente, el movimiento de mujeres del país –el mismo que en 2015 impulsó el “Ni Una Menos"– causó tal impacto social que hizo inevitable el cambio de postura del Gobierno.
Victoria Donda, diputada nacional por el Movimiento Libres del Sur y una de las defensoras del proyecto, cree que el debate parlamentario es “absolutamente necesario” porque “el peso de la clandestinidad” afecta a “todas las mujeres”.
“Tiene que ver con una cuestión de democracia, de respeto a las libertades fundamentales y a los derechos sexuales”, y agrega que la “correcta” postura de Macri es resultado de “años de lucha” que han logrado una “sensibilización a conciencia” de la ciudadanía.
