EFE
En una ceremonia en el Cementerio Israelita de La Tablada, en la provincia de Buenos Aires, donde reposan los restos del procurador, familiares, amigos y representantes de la comunidad judía homenajearon este jueves al fiscal con un minuto de silencio y una ofrenda floral.
“Detrás de este crimen de estado había un doble objetivo: uno era silenciar a Alberto Nisman”, expresó en declaraciones radiofónicas la jueza Sandra Arroyo, exesposa del procurador y madre de sus dos hijas, Iara y Kala.
Para la magistrada, quitar del medio a Nisman también buscaba “condicionar la actuación de los jueces fiscales y la sociedad en general, demostrando qué les podía pasar a quienes se animaban a investigar al poder vigente”, en la última etapa del mandato de Fernández (2007-2015).
Por todas estas razones, Arroyo planteó que la muerte de su expareja fue un “magnicidio” y debería ser considerado un delito de lesa humanidad.
Nisman, que al morir tenía 51 años, llevaba años encabezando la investigación del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos, sigue impune y es históricamente atribuido, por parte de la comunidad judía, a Irán y al grupo chií Hizbulá.
Cuatro días antes de aparecer con un tiro en la cabeza en el baño de su apartamento de Buenos Aires, el fiscal denunció a la mandataria, su ministro de Exteriores y otros colaboradores al asegurar que la firma de un memorándum entre Argentina e Irán en 2013 escondía un pacto para encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos antiguos altos cargos del país persa, a cambio de favorecer el intercambio comercial bilateral.
Sin embargo, Fernández, actual senadora, reitera que ese pacto, que nunca entró en vigor, pretendía impulsar todo lo contrario: una colaboración conjunta para avanzar en la investigación del ataque tras la histórica indisposición de Irán para extraditar a los acusados.
Por esas acusaciones de Nisman, el actual titular de la AMIA, Agustín Zbar, expresó hoy, tras participar del acto en el cementerio, que su muerte está vinculada a la investigación del atentado y a la “impunidad” de la que a su juicio gozan quienes los planificaron y perpetraron.
La investigación del deceso del fiscal, en un primer momento acusada de irregularidades por la supuesta contaminación de la escena del crimen, pasó de ser calificada de “muerte dudosa” por la Justicia -sin determinar si se suicidó o lo mataron- a dar un giro después de que, en el pasado mes de septiembre, una junta de peritos concluyera que dos personas lo golpearon, drogaron y asesinaron.
“El año pasado se han hecho avances que no se habían hecho anteriormente. Es muy importante el peritaje que se ha hecho y los avances del juez y el fiscal”, señaló hoy el ministro de Justicia, Germán Garavano, a la agencia de noticias Télam.
Para el jerarca, “sería muy importante” que este año hubiera definiciones judiciales relevantes para que los argentinos sepan qué le sucedió a Nisman, cuyo caso dio la vuelta al mundo por el enorme impacto político que supuso en el seno del Ejecutivo de entonces, por su posible implicación en el presunto crimen.
“Todos saben que es un inmenso disparate”, declaró en septiembre de 2017 la exmandataria en una entrevista en la que fue consultada por si siente que parte de la sociedad cree que su Gobierno tuvo que ver con la muerte o encubrió el supuesto crimen.
Hasta ahora, por el fallecimiento solo está procesado Diego Lagomarsino, colaborador informático de Nisman, señalado como “partícipe necesario” del crimen.
La razón es haber aportado el arma con la que se consumó el delito por autores que aún no han sido identificados.
Según ha explicado en varias ocasiones Lagomarsino, que está en libertad pero controlado con una tobillera electrónica, la pistola se la pidió el propio fiscal para proteger a sus hijas.
La causa tiene además procesados a los policías custodios de Nisman, aunque en este caso por incumplir sus deberes como funcionarios al no haberle protegido.
Asimismo, de forma paralela, otra causa busca comprobar si era verdad lo que había denunciado el difunto procurador.
Hace poco más de un mes, un juez decidió procesar a Fernández -entre otros- y ordenó su detención, pero no pudo materializarse por contar con fueros parlamentarios.
Por su parte, la comunidad judía, a la que pertenecía Nisman, no está exenta de divisiones.
Mientras Llamamiento Judío, para muchos vinculada al kirchnerismo, rechaza las acusaciones vertidas por el fiscal y sostiene la teoría de que se suicidó, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, querellante en la causa por la denuncia de Nisman, rechaza rotundamente el pacto con Irán y pide justicia por el fallecimiento.
