El vecino país modificó su Ley de Migraciones con el fin de acelerar la deportación de extranjeros que hayan cometido delitos y anunció el endurecimiento de los controles para la entrada de personas a territorio argentino, según reprodujeron ayer las agencias de noticias sobre lo divulgado en el Boletín Oficial. En tanto, las autoridades paraguayas están preocupadas y anuncian que en el país se hará cumplir la ley vigente sobre limitar el ingreso de personas con antecedentes.
El decreto, firmado por el presidente Mauricio Macri, surge ante “recientes hechos de criminalidad organizada”. Con la medida se acortan los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales y se establece que no podrán ingresar personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales, los que cumplan condena o tengan antecedentes (ver infografía).
Inmediato. Las deportaciones, a partir de la entrada en vigencia de la nueva reglamentación, se llevarán adelante sin requerir una condena firme, a través de un “procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo”, de no más de dos meses, según el decreto. Las autoridades argentinas argumentan que actualmente concretar órdenes de expulsión “puede llegar a siete años de tramitación”.
La intención, a su vez, del Gobierno argentino es descomprimir las cárceles. Esto en razón a que allí la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la población carcelaria total.
De acuerdo al embajador paraguayo, Federico González, unos 1.600 compatriotas están privados de su libertad en Argentina. “Varios de ellos sí están por cuestiones de tráfico, pero principalmente por su rol como mula, como transportadores de estupefacientes”, dijo.
En palabras del diplomático, esta modificación de la ley migratoria aún tiene que ser aprobada por el Congreso, a la vuelta del receso parlamentario. “Este decreto tiene que ser aprobado por ambas cámaras”, lanzó sobre la posibilidad de que la polémica medida sea reconsiderada y rechazada.
