La Cámara de Diputados aprobó ayer gran parte de las modificaciones a varios artículos de la Ley 834/96 que regula el Financiamiento Político.
Con los cambios aprobados, la ley permitirá que los aportes individuales crezcan diez veces más que lo establecido, es decir, de 5.000 jornales mínimos como se estipula en la ley actual, pase a un máximo de 50.000 jornales mínimos, que alcanzan G. 3.925.400.000, que al cambio de hoy totalizan más de USD 706.600.
A pedido del diputado cartista Bernardo Villalba, quien años atrás fue incluido en un informe del Senado entre los políticos vinculados al narcotráfico, ya que fue abogado defensor de reconocidos procesados por dicho ilícito, la mayoría de Diputados dispuso un cambio cuantitativo en la ley que justamente busca controlar el dinero sucio en las campañas electorales.
La suma estipulada finalmente en concepto de contribuciones o donaciones por cada aportante y por ejercicio anual sorprendió sobremanera a varios diputados, quienes no obstante se mostraron dóciles por lo que primó el criterio del vocero de la mayoría, en este caso Villalba, para aumentar el monto de los aportes. “Siete mil jornales mínimos es un techo muy bajo para una campaña política de orden nacional ... Si nosotros ponemos ese techo limitamos a los partidos a que desarrollen su campaña en forma y eso puede atentar hacia las bases democráticas”, fundamentó Villalba.
Le retrucó el diputado Éber Ovelar, de la disidencia colorada, quien aseguró que esta disposición da vía libre a que aquel que cuente con dinero suficiente directamente “alquile” a un diputado, senador o gobernador para las próximas elecciones. “Cuanto más aporta alguien, una sociedad o una organización, más incidencia tendrá sobre esa persona que ha sido electa con el aporte de estas organizaciones”, criticó.
La ley, que idealmente buscaba poner un freno al uso del dinero proveniente del narcotráfico, el lavado de dinero y otros ilícitos, finalmente tal como se aprobó ayer abre más la posibilidad del uso del dinero sucio en la política
Frágil control. Otro debate sobre la ley se centró en el artículo 66, que establece un mayor control de los organismos sobre el financiamiento. La diputada Olga Ferreira propuso que además de remitir a la Justicia Electoral la documentación de las campañas, también se envíe a la Contraloría y a la Secretaría de Prevención del Lavado de dinero (Seprelad).
Nuevamente se impuso el criterio de Villalba, quien dijo que las atribuciones de control son del órgano electoral. La Cámara no terminó el estudio del proyecto por falta de cuórum, quedando pendiente el tratamiento de una adenda en el artículo 64, propuesto por el diputado Ovelar, que seguirá hoy.
Desbloqueo no se trató y lo harán hoy
El proyecto de ley de desbloqueo de listas una vez más quedó frustrado ayer en la plenaria de Diputados, donde se levantó la sesión por falta de cuórum, precisamente cuando el tema se iba a tratar como segundo punto del orden del día, luego de un largo debate por el financiamiento político. Por ausencia de varios diputados de diversas bancadas, una vez más se posi- bilitó la dilación del estu- dio en particular del desbloqueo. Desde el pasado 14 de junio, la plenaria viene dejando en segundo plano la culminación del estudio. Este hecho fue observado por las diputadas Olga Ferreira, independiente, y Rocío Casco, de Avanza País, que criticaron a sus colegas por abandonar el pleno.
