La agente del Ministerio Público logró identificar a Fernández mediante una filmación de Telefuturo, que fue arrimada -entre otras- para la investigación de lo sucedido.
Fernández explicó que González también fue destinado por los jefes de la Comisaría 16ª Metropolitana para reforzar la seguridad del Congreso, aquel 31 de marzo pasado, cuando se iniciaron los destrozos en las calles y en la propia sede parlamentaria, en base a las imágenes.
Según la agente fiscal, el personal de la citada comisaría fue solamente con su arma corta, reglamentaria, pero que en la imagen con que cuenta el Ministerio Público, González tenía una cartuchera donde llevaba municiones que justamente le proporcionó a Florentín, antes de que este ingresara al local liberal.
Ahora la fiscala analizará la participación del suboficial González, si su acción se encuadra en algún delito penal, para luego incluirlo dentro de la carpeta fiscal.
RESPONSABILIDAD. Lo que la fiscala hasta el momento no encuentra es quién se hace responsable de la salida del suboficial Gustavo Florentín, ya que en el momento en que se produjeron los hechos de la quema del Congreso, el agente se encontraba bajo arresto en la propia Comandancia, por un caso de violencia familiar. Sin embargo, según la investigación, el personal policial igualmente hacía trabajos días antes de aquel fatal episodio del cual fue protagonista principal.
QUERELLA. Los representantes legales de los padres de Rodrigo Quintana, los abogados Juan Alberto Köhn, Liliana Boccia y Juan Fernando Ruttia, habían presentado en su oportunidad una querella adhesiva contra los agentes que fueron identificados y participaron del ataque a la sede del PLRA.
Los abogados plantearon la querella en contra del ex subjefe del Departamento de Investigación de Delitos, comisario Tomás Paredes Palma, por homicidio en carácter de instigador y omisión de auxilio; al suboficial Gustavo Florentín, por homicidio doloso y omisión de auxilio, y a Arnaldo Andrés Báez, por cómplice de homicidio y autor directo de omisión de auxilio. El juez Humberto Otazú había admitido la querella adhesiva.