El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a cargo de Ramón Jiménez Gaona, y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), presidida por Luis Aguirre, siguen ensayando argumentos para, a toda costa, adjudicar el Aeropuerto Silvio Pettirossi al consorcio liderado por la española Sacyr, que hasta ahora ya se quedó con el proyecto de duplicación de rutas 2 y 7.
Ambas obras son las primeras licitadas bajo la Ley de Alianza Público-Privada (APP). En el caso del Aeropuerto, fue auditado por la Contraloría General de la República (CGR), cuya recomendación fue cancelar el llamado, principalmente porque Obras Públicas obvió el proceso de precalificación, como sí lo hizo en el caso de rutas 2 y 7.
Ahora, en la demanda que presentaron MOPC y Dinac ante el Tribunal de Cuentas, con la cual buscan anular la auditoría de la CGR, dicen que incluyeron la precalificación en el pliego de la licitación propiamente como una “evaluación administrativa”.
El documento de la demanda señala que las instituciones involucradas en la APP “analizaron el concurso de diseño del edificio terminal y el llamado a precalificación de las empresas, concluyendo la administración contratante (MOPC), en base a los informes técnicos, que la precalificación se incluyera dentro del pliego como evaluación administrativa, ya que los requerimientos solicitados en dicho documento son los necesarios para una precalificación”.
Añade que con esto se certifica “igualmente el nivel de transparencia y correcta funcionalidad del procedimiento” y que a pesar de esto “únicamente la Contraloría ha planteado la cuestión de la precalificación, como si la misma fuera un imperativo para que la licitación del proyecto sea válida”.
Resalta que de este proceso participaron “el MOPC en su carácter de administración contratante, en coordinación con la Unidad de Proyectos de Participación Pública y la Secretaría Técnica de Planificación (STP), con el apoyo técnico de la Dinac y el asesoramiento externo de la máxima autoridad internacional en materia de aeronáutica civil, la OACI, y además de consultorías internacionales como Deloitte&Touche a través del MOPC”
Vale señalar que, en su momento, la cartera consideró que la precalificación era opcional, no obligatoria. Sin embargo, ahora dan a entender que no obviaron este proceso y que lo incluyeron en el paquete de la licitación como tal.
Lo concreto es que abogados juristas consultados alegaron que el pedido de MOPC y Dinac ante el Tribunal de Cuentas deja un nefasto precedente y es un golpe a la transparencia. La acción se presentó ante la segunda sala del Tribunal, presidida por Gregorio Ramón Rolando Ojeda.
