El caso se inició en octubre del 2014, en la asamblea de la empresa de Transporte Puerto Falcón SACI, en la que fue electo como presidente Osvaldo Vergara. El presidente saliente, Miguel Alberto Romero, recurrió entonces al abogado Cantero para promover un juicio de amparo contra el acto asambleario.
Tras comunicarle que ya había presentado la acción de amparo y que el juzgado corrió traslado a la Justicia Electoral, Cantero solicitó a Romero la suma de G. 60 millones por el trabajo realizado. Romero aceptó pagarle ese monto y le entregó dos cheques.
A finales del mismo mes, Cantero exhibió a Romero y otros socios de la empresa el supuesto original del juicio de amparo y una copia simple. Entre otros documentos, exhibió la carátula de causa del Poder Judicial, los sellos, el escrito de inicio del juicio de amparo, la copia del poder general que le había otorgado ante la escribana Daniela Esteche y la providencia de admisión del juicio. Los documentos tenían la firma de la jueza González y la actuaria Becker, quien ni siquiera llegó a ser actuaria de esta magistrada. En febrero del 2015, relata la acusación, Cantero envió una copia escaneada de otra resolución firmada por González y Becker.
Romero, a su vez, presentó los documentos del supuesto juicio de amparo a la empresa Puerto Falcón, cuyo abogado luego hizo las consultas correspondientes en el juzgado de Patricia González. Esta negó que sea su firma e instó a la empresa a denunciar el caso.
La jueza también lo denunció ante a la Superintendencia de la Corte y la Fiscalía.
