La normativa fue sancionada en el 2013 y permitió al Poder Ejecutivo enviar militares a Concepción, San Pedro y Amambay para casos de terrorismo y amenazas o ataques a autoridades públicas.
La acción fue presentada por Ramón Denis Cardozo, Ignacio Sosa Ortega, Epifanio Cabañas Sainz y Gumercindo Toledo, bajo patrocinio del abogado Alberto Simón, del Servicio de Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py).
Los accionantes argumentan que la ley viola los artículos 173 y 175 de la Constitución, ya que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir para “custodiar la integridad territorial y defender a las autoridades legítimamente constituidas”, según la Carta Magna. En ese sentido, señalan que por un principio de legalidad administrativa, ningún órgano del Estado puede ejercer una atribución que no le esté expresamente conferida.