El comisario Francisco Resquín, jefe de Identificaciones, informó que se abrió un sumario para investigar el tráfico de cédulas dirigido por un policía en situación de retiro desde su casa en Luque. Además de esta medida, informó que identificaron a un funcionario de Identificaciones que sería probablemente uno de los miembros que ayudaban a gestionar las documentaciones desde la institución.
El comisario evitó dar el nombre del funcionario manifestando que en el departamento policial varios utilizan el mismo código para realizar las gestiones. Al igual que el comisario Abel Cañete, jefe de Apoyo Técnico, explicó que verificarán los documentos presentados para procesar la cédula de identidad.
Refiere que para las gestiones están los encargados de recibir y procesar los formularios. Luego de verificar los papeles y cédulas incautadas sabrán cuantos funcionarios (tanto civiles como policías) están involucrados en el ilícito.
El suboficial en situación de retiro, Guillermo Espínola Figueredo (63), fue aprehendido por montar en su domicilio ubicado en el barrio 15 de Agosto de Maramburé, Luque.
El domicilio del uniformado retirado funcionaba como si fuera una base regional de Identificaciones, en donde manualmente se tomaban las muestras dactilares y se utilizaban formularios originales que evidentemente eran proveídos por los cómplices, explicó el comisario Resquín.
Sospechan que en algunos casos, estarían falseando el contenido de los documentos, de tal manera a ocultar antecedentes policiales o medidas alternativas de personas, tanto paraguayos y extranjeros que tienen cuenta pendiente con la Justicia.
Las solicitudes de cédulas se hacían en el lugar y Espínola cobraba 150.000 a 200.000 guaraníes a los interesados, revela la pesquisa. En el caso de pasaportes y datos falseados tiene otro costo, según fuentes de la pesquisa.
El suboficial conoce el manejo de las gestiones ya que fue destinado para prestar servicio en el departamento de Identificaciones por mucho tiempo, de hecho, se jubiló estando en esa unidad.
Allí tendría contactos en la entidad, montando así un esquema para el tráfico de documentos, según los investigadores.
La fiscala Sonia Pereira, imputó al detenido por usurpación de funciones públicas, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, teniendo en cuenta que proveía papeles a personas que están en falta con la ley. La representante del Ministerio Público comunicó que pidió la prisión del hombre y anuncia que habrá más imputaciones y detenciones de implicados en el ilícito.
