El abogado Osbaldo Sosa, quien le había hecho firmar un pagaré por 4.200 dólares a una víctima de trata de personas y que luego utilizó para llevar a remate la casa de la víctima, desistió de la demanda.
El hombre se presentó ante la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Ciudad del Este, Victoriana Cáceres, y entregó el escrito donde desiste de la acción, permitiendo de esta manera disponer el levantamiento del embargo –que se encontraba trabado hace un año– y consecuentemente el archivamiento del mismo.
Este diario se hizo eco del actuar de dicho profesional del derecho, quien está imputado por obtención de beneficios económicos por la fiscala Teresa Martínez, encargada de la Unidad de Trata de Personas.
Además, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, dispuso la remisión de actuaciones (presuntamente irregulares) de Sosa a la oficina disciplinaría de la Superintendencia General de Justicia.
Esto, a los efectos de que se realice una auditoría de reacción inmediata de la causa, de modo a que exista una conclusión preliminar en el menor tiempo posible.
Además, serán auditadas las actuaciones de la jueza Cáceres, teniendo en cuenta que la magistrada dispuso en diciembre de 2016 el remate judicial del inmueble de la víctima de explotación. Pese a que la víctima explicó a ÚH que depositó en el banco el dinero del “préstamo” (4.200 dólares) al que le habían comprometido bajo engaños, el letrado alegó en un juicio ejecutivo que el monto había ascendido, con sus intereses, por 63 meses de mora.
También la fiscala Martínez advirtió a la magistrada que el abogado fue imputado y que la firma del pagaré y el dinero se hicieron bajo engaño; de igual manera, Cáceres procedió a la ejecución. Entonces, se planteó una nulidad de dicha decisión, la que estaba pendiente de resolución hace un año.
Al desistir de la acción el abogado, la víctima de trata no perderá su casa y podrá disfrutar de su familia.