Alberto Medina, padre de Anderson, un joven que fue baleado por un policía gatillo fácil, se mostró indignado por el actuar de la Justicia, ya que el agresor de su hijo, el suboficial Narciso Cañete, sigue sin pisar la cárcel a pesar de haber sido condenado a 7 años de prisión el año pasado.
Además, asegura que el uniformado sigue amenazando a su familia, situación que les tiene en zozobra a los suyos.
La fiscala de Derechos Humanos, Liliana Zayas, solicitó ayer a la Corte Suprema de Justicia la ejecución de la condena de 7 años para el suboficial Cañete, quien fue encontrado culpable de disparar a Anderson Alberto Medina Giménez, en la rotonda del kilómetro 10 de Ciudad del Este; esto sucedió en el 2012.
El 1 de julio de ese año, una barrera policial atajó a Anderson y luego se inició una persecución. El suboficial Narciso Cañete le disparó a Anderson por la espalda y este quedó tendido en el piso.
Luego, el suboficial Cañete enfrentó a la Justicia y fue condenado a 5 años de cárcel, en el 2012. En el 2016, la pena fue ampliada a 7 años.
La fiscala Zayas indicó que a pesar de la condena, no se dio cumplimiento al pedido de encierro y afirmó que el hombre sigue prestando servicio en una comisaría de Ciudad del Este. “Estamos hablando de un personal policial en el ejercicio de sus funciones, que comete un hecho punible, que es condenado por la comisión de ese hecho tipificado como crimen, y que sigue cumpliendo sus funciones con total impunidad”, se quejó la fiscal Zayas.
“El Tribunal de Sentencia no resolvió que la sentencia sea de cumplimiento inmediato. A pesar de que tanto el Ministerio Público como la querella solicitaron el cumplimiento inmediato, el Tribunal de Sentencia resolvió que él pueda seguir ejerciendo su derecho de recurrir a segunda instancia en libertad”, explicó la condena.
Luego, vino un segundo juicio, donde la Fiscalía pidió el aumento de la pena. Se volvió a pedir que la sentencia sea de cumplimiento inmediato y el Tribunal volvió a decidir que se mantenga la medida.
Actualmente, se tiene que conformar un tribunal de Apelaciones para resolver la apelación de la defensa por la condena de 7 años. La Corte Suprema tiene la última palabra, según explicaron fuentes de la investigación.
“Nos sacó casi todo”. El padre del joven que fue víctima no puede entender cómo la Policía Nacional puede encubrir a un agente que fue hallado culpable de un delito tan grave. “Cuando me entrevisté con el comandante de la Policía, él me dijo que todos los paraguayos teníamos derecho a trabajar. Eso me indignó. Imagine lo que es encubrirle a un condenado”, explicó el hombre, que asegura haber hipotecado su vida para que su hijo vuelva a caminar. “Solamente en el sanatorio gasté 400 millones de guaraníes; la prótesis que mi hijo tiene en la columna me costó 30 mil dólares. Puedo decir que esta gente me dejó en la ruina”, se lamentó.
