Faltando tan solo semanas para cumplirse un año de aquella fatídica madrugada del 1 de abril, cuando se produjo la muerte de Rodrigo Quintana (25), presidente de la Juventud Liberal de La Colmena, la Fiscalía sigue sin saber quién dio la orden para el atraco de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Pese a que la querella solicitó en reiteradas ocasiones que se realicen las diligencias con relación al cruce de llamadas hechas entre las autoridades en la noche del 31 de marzo del 2017, horas previas a la muerte del joven liberal, los intervinientes a la fecha no realizaron ningún procedimiento y el Ministerio Público sigue designando fiscales para investigar el luctuoso suceso.
Ahora se sumarán al equipo investigativo las agentes fiscales Clara Ruiz Díaz y Lorena Ledesma, quienes van a estar bajo la coordinación de la fiscala adjunta Gilda Villalba.
De hecho, Ruiz Díaz iba a formar parte del proceso, ya que le debía interinar a Rojas, quien se encuentra de vacaciones. Pero ahora ya está designada como titular del caso y podrá impulsar la investigación que corresponda con las atribuciones propias del cargo.
En principio, la fiscala Raquel Fernández, quien fue salpicada por los audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados divulgados y que revelaron la corrupción judicial, estaba a cargo de la investigación, pero la agente se negó rotundamente a cumplir el pedido de la querella de solicitar a las telefónicas los datos sobre el cruce de llamadas.
“Es lamentable y temerario que una fiscala diga que no es necesaria la investigación. Vamos a recurrir incluso a las instancias internacionales. Más temprano que tarde llegará la justicia”, había dicho el titular del PLRA, Efraín Alegre, quien días atrás fue de nuevo a la Fiscalía a insistir que avance la investigación.
Alegre había denunciado, tras un cruce de llamadas hecho por la querella, que detectaron conversaciones entre el presidente de la República, Horacio Cartes, su gerente José Ortiz y el ex comandante de la Policía Críspulo Sotelo la noche del atraco.
Ante la negativa de Raquel Fernández de pedir los datos telefónicos, la misma fue apartada de la causa y se designó a las fiscalas Teresa Rojas y Marlene González para continuar con las pesquisas. Sin embargo, ambas tampoco hicieron diligencias como ir a la empresa Núcleo SA (Personal) a retirar los datos solicitados para los cruces de llamadas y recién lo harán mañana, a las 9.00.
También estaban ligadas a la causa las fiscalas Silvana Otazú y Silvia Cabrera. La primera había sido elegida de forma interina por la máxima instancia del Ministerio Público, pero se inhibió por amistad con el abogado querellante Guillermo Duarte Cacavelos. El expediente pasó a manos de su colega Silvia Cabrera, quien impugnó la decisión de Otazú y remitió el caso a la Fiscalía General.
El 9 de febrero, tras la insistencia de Alegre y los abogados querellantes para que continúe la investigación, se le ratificó a Marlene González para que tenga la carpeta.
Ahora con la designación de Ruiz Díaz y Ledesma nuevamente cambió el panorama, ya que serán cinco fiscales (las dos citadas, más Rojas, González y Villalba) las que podrán ejercer la intervención legal.
A los representantes del Ministerio Público les restan menos de 50 días para presentar acusación contra Gustavo Florentín, el policía que habría disparado al joven liberal.