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Política
domingo 25 de junio de 2017, 01:00

A casi tres meses, caso penal por desmanes no avanza

A días de cumplirse 3 meses de los hechos violentos ocurridos el 31 de marzo y el 1 de abril pasados, que terminó con la quema de la sede del Congreso y el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana tras el atropello al local del PLRA, la investigación penal no avanza, específicamente, en lo que respecta al asesinato de Quintana. La fiscala Raquel Fernández sigue recusada, por lo que se le designó a su colega Aldo Cantero para que continúe con las pesquisas.

Sigue sin esclarecerse quién fue el que dio la orden para ingresar al PLRA. En la causa está imputado únicamente el suboficial Gustavo Florentín, por homicidio doloso, pese a que el pelotón de policías antidisturbios estuvo acompañado por varios comisarios, según se pudo visualizar en el circuito cerrado del PLRA.

Posteriormente, se imputó al comisario Tomás Paredes Palma, ex subjefe de Investigación de Delitos, por inducción a un subordinado a un hecho punible al permitir que un oficial antidisturbios, en ese caso Guido Amarilla, también imputado por tentativa de homicidio, ingrese al Directorio azul y efectúe disparos de balines de goma contra las personas que estaban en un baño, entre ellos legisladores.

En el circuito cerrado se visualiza también cómo los agentes policiales prefirieron llevar presos a los manifestantes antes que auxiliar al joven Quintana.

Aparece en el video el comi- sario Paredes Palma, quien sube a una patrullera, al igual que los subalternos, entre ellos el jefe de la sección Robo y Hurtos, comisario Abelardo Acosta, el oficial Amarilla y otros. El Ministerio Público tampoco imputó aún a estos por el hecho punible de omisión de auxilio.

Ante este hecho, el abogado Rubén Ocampos, apoderado del PLRA, señaló que la actitud manifestada por los uniforma- dos es de cobardes y que se ajusta a una conducta criminal.

La investigación por los ataques y la posterior quema del Congreso tampoco avanza, a raíz de que siguen recusados los fiscales Eugenio Ocampos, Aldo Cantero, así como también el fiscal adjunto Roberto Zacarías y el fiscal general, Javier Díaz Verón. En contrapartida, lo que atañe a la fabricación de bombas molotov, siguen saliendo imputaciones y se toman varias diligencias investigativas.

Tal es el caso de Stiben Patrón, que fue nuevamente recluido en el penal de Emboscada, a pesar de que varios legisladores opositores ofrecieron millonarias fianzas personales. Además, la Fiscalía solicitó extraditar a los dirigentes liberales imputados en la causa que fueron a Uruguay a buscar refugio.