La mayoría de ellas están varadas desde hace varios años. Se trata de procesos por cobro indebido, de destrucción o daño a documento o señales, lesión de confianza, evasión impositiva y lavado de dinero.
A casi dos años de iniciar la investigación contra los ministros de la Justicia Electoral, María Elena Wapenka, Alberto Ramírez Zambonini y Jaime Bestard, por supuestamente cobrar viáticos de forma irregular. Los fiscales intervinientes en ese entonces (Silvia Cabrera y Hernán Galeano) comprobaron el ilícito basándose a planillas de viáticos y reportes migratorios.
Aun así no fueron imputados a pesar de que las propias altas autoridades de la Justicia Electoral informaron al Ministerio Público que devolvieron el dinero, reconociendo de esa manera la irregularidad.
Según publicaciones de este medio se pudo constatar que Wapenka cobró viáticos, debido a que “dictó cátedras para funcionarios distritales para exhortarlos a cumplir con el compromiso de trabajar con honestidad y con base en valores éticos”, pero en la fecha de dicho curso ella se encontraba en el extranjero.
En cuanto a sus pares Bestard y Ramírez Zambonini, estos cobraron viáticos por realizar capacitaciones por el interior, en plena Semana Santa.
El segundo caso implica a Mirtha Vergara, esposa del senador liberal Julio César Yoyito Franco en un supuesto hecho punible de lesión de confianza durante su gestión como embajadora paraguaya en Uruguay.
En el 2016, el fiscal anticorrupción René Fernández inició una investigación contra Vergara. Pese a que se está por cumplir también dos años de que autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores presentaron la denuncia penal, aún no hubo imputación.
Según los datos de la investigación, en el 2011 se hizo un llamado a licitación para la reparación de la embajada, siendo Vergara la embajadora.
Tres empresas se presentaron. Según la carpeta fiscal, dos de ellas serían fantasmas.
El 15 de abril de 2011 se presenta una oferta elaborada por la empresa Ing. Castillo y Lazogué Arquitectura, firmada por Marcelo Castillo y el señor Rubén Lazogué, por un costo de 486.953 dólares. En tanto la cotización de otra empresa fue de 710.000 dólares y de una tercera firma por 625.100 dólares.
El contrato fue firmado por el primer oferente a pedido de Vergara. Según la investigación, la empresa no se especializa en restauración de casonas coloniales, como la de la embajada, por lo que la obra fue cancelada en medio del trabajo. Pero la empresa ya había cobrado un adelanto de 250.000 dólares.
Contralor. El tercer caso que se encuentra paralizado y que incluso se vio involucrado en los polémicos audios filtrados que destaparon la rosca corrupta en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) es el caso Ivesur, donde se lo salpica al actual contralor Enrique García.
En noviembre de 2016 el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, presentó una denuncia formal por la comisión de supuestos hechos punibles de destrucción o daño a documento o señales y otros delitos. Ello porque García, quien se desempeñaba como asesor jurídico de la Comuna capitalina, no apeló una condena que ordenó a la Municipalidad pagar 3,6 millones de dólares a la empresa verificadora de vehículos.
La fiscala Nadine Portillo (actualmente suspendida) llevaba el caso, ahora está a cargo del fiscal Juan Leonardi Guerrero.
En uno de los audios filtrados, se escucha al ex secretario del JEM Raúl Fernández Lippmann comentar al ex senador Óscar González Daher que la fiscala Portillo recibió la visita de la abogada Romina Rolón, pareja de García, para que desestime la causa en su contra.
Lavado. El cuarto proceso que se encuentra trabado es uno de los mayores casos de lavado de dinero registrado en el país . No hay imputados.
Se realizaron transferencias a través del Banco Amambay, propiedad del presidente, Horacio Cartes, así como con otras entidades bancarias, por 1.200.000.000 dólares, según los fiscales anticorrupción.
Los intervinientes Claudia Morys, Hernán Galeano y José Dos Santos, en noviembre del 2016, habían incautado documentos contables, equipos informáticos y facturas en más de 20 empresas de fachada instaladas en Ciudad del Este. Posteriormente, fueron recusados por la defensa. Actualmente, el caso se encuentra a cargo de los fiscales José Morínigo y Daniela Benítez.
Entre los principales presuntos cerebros se encuentran los empresarios Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid, propietarios de Global Logistic Solution SA, una empresa de transporte aéreo.
Finalmente, la quinta causa que completa la lista, trata sobre la ruta 13, que une a Caaguazú, Yhú y Vaquería, conocida como la “ruta de la mentira”. Se pagó como anticipo 7,5 millones de dólares por hacer absolutamente nada. El presidenciable del PLRA, Efraín Alegre, ex titular del MOPC, fue denunciado por lesión de confianza, estafa y tráfico de influencia.