La causa originalmente se inició con el ex fiscal y actual senador Arnaldo Giuzzio, quien montó un operativo encubierto para detener a Servián y al entonces oficial ayudante José Antonio Riveros. Este último ya fue condenado a dos años de cárcel, recordaron fuentes judiciales.
Tanto Servián como Riveros fueron denunciados por Mario Gómez, un comerciante que arregla y vende celulares. Todo empezó cuando los ahora acusados detuvieron a Gómez, cuando este llevaba una mochila con celulares y joyas. Los agentes, que prestaban servicios en la Comisaría 9ª de Limpio, se quedaron con todos los objetos y lo liberaron. Según el comerciante, los policías le exigían que entregue varios celulares o tres millones de guaraníes para devolverle los objetos que le decomisaron y para “dejarlo” trabajar.
El operativo montado por Giuzzio se realizó el 16 de noviembre del 2009, tras la entrega a los policías de G. 2 millones en efectivo. El dinero fue encontrado en poder de los uniformados.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los policías tenían previsto montar una trampa a Gómez si es que no les pagaba. Además del dinero, la comitiva fiscal encontró en poder de Servián y Riveros un acta de procedimiento falsa que iban a usar en contra del comerciante.
La esposa de Gómez, en su declaración, señaló que los dos policías supuestamente le insinuaron mantener relaciones sexuales con ellos a cambio de dejar tranquilo a su esposo.
En los roperos de los dos agentes en la comisaría la Fiscalía encontró parte del lote de joyas del denunciante.
El tribunal de Sentencia que juzgará a Servián es de Fernando de la Mora y está presidido por Leticia Fracchi. El fiscal actual del caso es Luis Piñánez.