10 de diciembre
Sábado
Poco nublado con tormentas
21°
28°
Domingo
Parcialmente nublado
20°
30°
Lunes
Mayormente nublado
22°
32°
Martes
Mayormente nublado
21°
31°
Avatar
Avatar
Bienvenido,
Cerrar Cerrar
Cerrar
Login/Registración
Búsqueda
Cerrar
Opinión
viernes 19 de agosto de 2016, 01:00

50 sombras

Por Wendy Marton – En TW @WendyMarton
Por Wendy Marton

En el año 2011, a instancias de los legisladores cartistas y liberales, el Congreso Nacional aprobó el Presupuesto 2012 con reajustes salariales para los funcionarios públicos de entre el 10% y el 58%. Ese incremento aún sigue marcando el déficit de las cuentas públicas e impide destinar más recursos a gastos sociales o a obras públicas.

A fines de agosto de cada año, el Poder Ejecutivo remite al Parlamento el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año siguiente. En ese proyecto se establecen las líneas de acción que marcarán la agenda del gobierno del año venidero. El plan de gastos que presenta el Ejecutivo contiene las previsiones de ingresos (tanto tributarios como royalties), el endeudamiento (bonos locales y soberanos, y préstamos) y los programas que se pueden ejecutar con base en estas estimaciones de financiamiento.

Pero estas estimaciones no son respetadas por el Congreso. Las primeras modificaciones comienzan en la Comisión Bicameral de Presupuesto, un organismo integrado por senadores y diputados. Desde hace algunos años, esta comisión es conformada por 50 legisladores (inicialmente, eran 30), que realizan modificaciones de acuerdo con las apetencias políticas de turno, tanto locales como partidarias. Si bien tres o cuatro legisladores intentan contener las subas, no pueden contra la mayoría.

Cuando Juan Carlos Wasmosy era presidente de la República, la Bicameral y luego las dos cámaras se encargaban de recortar asignaciones a cualquier programa propuesto, con el argumento de que la única intención era posicionar a su partido para volver a ganar las elecciones. Con el tiempo, los legisladores entendieron que el recorte les afectaba políticamente, por lo cual comenzaron a inflar los gastos para ganar adeptos, sin importar los perjuicios que causaban a todos.

Alguna vez, alguno propuso no hacer modificaciones al proyecto del Ejecutivo para ver qué tan bien o mal le iba, pero la apetencia personal de los políticos siempre pudo más y la idea no prosperó. Por ello, es necesario que los parlamentarios empiecen a pensar en serio en el futuro del país y aprueben un presupuesto sincero, ejecutable y que beneficie a toda la población y no solo a sus amigos de turno o a sus correligionarios.

Entender que el Presupuesto es la base del desarrollo del país es urgente. Así como también es urgente que todos reclamemos el cumplimiento de las propuestas del gobierno de turno, y del presupuesto que es aprobado cada año en el Congreso. Es nuestro derecho contar con obras de calidad, y nuestra obligación exigir el buen uso del dinero público.