El caso que afecta al juez de Garantías en lo Penal, Roberto Martínez, ya lleva más de dos años de duración por culpa de los retrasos en la Justicia. Ahora es la Corte Suprema de Justicia la que no se expide sobre el tema. Mientras tanto, el magistrado cobra su correspondiente sueldo sin trabajar, precisaron fuentes judiciales.
El juez Roberto Martínez se encuentra procesado por presunto pedido de coima. El fiscal de la unidad Anticorrupción, Arnaldo Giuzzio, insiste en llevar al magistrado a un juicio oral y público, pero el tema no se define porque se encuentra “congelado” en la máxima instancia judicial.
CAMINO. Luego de una serie de incidentes judiciales presentados por la defensa, se llegó a la audiencia preliminar en el caso, en setiembre del año pasado.
En aquella ocasión, el fiscal Giuzzio había solicitado juicio oral y público para el magistrado, pero el juez Rubén Ayala Brun sobreseyó definitivamente a su colega, argumentando que el Ministerio Público no presentó de forma adecuada las pruebas.
El agente del caso no cedió ante la resolución, por lo que apeló la mencionada decisión. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones hizo lugar el pedido del fiscal Arnaldo Giuzzio, por lo que resolvió la realización de una nueva audiencia preliminar.
Ante el duro revés sufrido por Martínez, el abogado defensor Hugo López presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema, contra la resolución del Tribunal de Apelaciones, de realizar una nueva audiencia preliminar en el caso.
La Sala Constitucional de la Corte, integrada por los ministros Víctor Núñez Rodríguez, Antonio Fretes y José Victoriano Altamirano, recibió el expediente.
Pese a ser grandes amigos e inclusive vecinos, el presidente de la Corte, Víctor Núñez, recién se apartó del caso hace dos meses atrás, retrasando más de la cuenta la resolución del expediente.
Hasta el momento, el Ministerio Público no fue informado sobre quién será el miembro que reemplazará al ministro Víctor Núñez, según refirió el propio fiscal Giuzzio.
Mientras tanto, el caso que se inició a mediados del año 2006, continúa sin resolución alguna.
El fiscal insiste en llevarlo a juicio, mientras que la defensa sostiene que el magistrado es inocente.
SALARIO. En medio de todo el proceso, el juez Roberto Martínez había sido suspendido en sus funciones, sin goce de sueldo.
En una decisión bastante controvertida, la Corte Suprema resolvió meses atrás que Martínez cobrara todos sus salarios caídos, por una cuestión humanitaria, según fuentes judiciales.
El magistrado cobró su salario correspondiente desde setiembre del año 2006, que hasta la fecha asciende a un total de G. 115 millones, que los percibió pese a que no presta servicio alguno en el Poder Judicial por encontrarse suspendido.
El salario de un juez es de G. 5 millones, monto que percibe el juez Martínez gracias a la máxima instancia judicial.
LOS ANTECEDENTES DE LA SONADA CAUSA
El juez Roberto Martínez fue imputado por haber cobrado supuestamente una coima de tres mil dólares, con el fin de liberar a una persona procesada por homicidio culposo.
“El juez Roberto Martínez había usado a una interpósita persona para cobrar tres mil dólares, para beneficiarle a un tercero con medidas sustitutivas a la prisión”, explicó el fiscal Arnaldo Giuzzio.
Agregó el representante del Ministerio Público: “Inclusive se hicieron algunas entregas de dinero a través de esta persona hasta que se llegó a involucrar al juez con el cruce de llamadas y testimonios”.
El fiscal del caso espera que la causa sea definida cuanto antes, atendiendo a que los plazos procesales corren y se puede extinguir.
El abogado defensor Hugo López pretende que la acción de inconstitucionalidad sea aceptada por la Corte, ya que sostiene que hubo violaciones constitucionales contra el juez Roberto Martínez.
Mientras tanto, la causa continuará “congelada”, hasta que la Corte se integre. Luego se correrá traslado sobre el punto a la Fiscalía General y por último saldrá la resolución.