En su argumentación alega que el objetivo es garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Paraguay.
La propuesta establece que las vacunas serán administradas de manera gratuita y obligatoria a la población.
Se deja a cargo del Ministerio de Salud la definición, regulación, planificación, adquisición, distribución, capacitación, aplicación, control y vigencia, además de la difusión de información relevante, con relación al esquema de vacunación.
En uno de los articulados se señala que a fin de dar cumplimiento a la ley, en caso de que se sancione y se promulgue, el Ministerio de Salud debe incorporar las partidas presupuestarias correspondientes. Se dispone que los fondos asignados en el Presupuesto General de la Nación serán financiados con recursos del Tesoro.