La crisis educativa que persiste en nuestro país adquiere una dimensión mucho más realista con los datos revelados por el estudio “Paraguay: Invertir en capital humano”, realizado por expertos del Banco Mundial bajo encargo del Gobierno paraguayo.
En el capítulo relacionado al análisis del gasto público, el documento sostiene que unos 684.604 estudiantes paraguayos, que corresponden al 70% de todos los niños y jóvenes escolarizados, solo “aprenden lo mínimo”. Estos niños y jóvenes están en el sistema educativo, pero “leen un párrafo y no pueden sacar la idea principal o no pueden resolver operaciones básicas de matemáticas”, tal como sostiene Rafael de Hoyos, economista líder en educación del Banco Mundial, quien participó de la elaboración del informe.
De acuerdo con el mismo diagnóstico, los más pobres están excluidos del sistema educativo antes de llegar a la Educación Media, por lo que la inversión pública para educación superior beneficia principalmente a los más ricos. Son niños y jóvenes hijos de las familias más vulnerables, quienes desde que nacen no tienen los elementos para poder salir de la pobreza y les cuesta mucho poder permanecer en el sistema educativo.
El estudio confirma con mucha más precisión lo que ya sabíamos: El Paraguay invierte menos de la mitad en la educación pública superior, con respecto a los demás países de América Latina, y lo poco que invierte no resulta equitativo, porque solo es aprovechado por los sectores más ricos de la población. La eficiencia en el gasto público también está muy por debajo, en comparación con los estándares de las naciones vecinas, según el informe.
Afortunadamente, el estudio no solo actualiza el diagnóstico acerca de nuestra preocupante realidad educativa, sino también sugiere acciones urgentes y necesarias, como las de fortalecer las políticas pedagógicas y la capacidad de gestión de los funcionarios directivos del sector, redistribuir la asignación del gasto público entre los niveles educativos para apoyar la transición demográfica, diseñar e implementar un sistema de financiamiento educativo transparente y equitativo que permita responder a las necesidades de las instituciones educativas para apoyar la transición demográfica, entre otras recomendaciones. En síntesis, se sugiere preparar un plan de mediano plazo en el área educativa, que fije criterios transparentes para asignar los recursos con más equidad.
Las autoridades que encargaron el estudio tienen ante si un mapa de la crítica realidad, como también un trazado del camino a seguir. Es de esperar que este Gobierno tenga la suficiente voluntad política para emprender las acciones que se requieren para sacar al sistema educativo del gran pozo en que se encuentra. Superar las deficiencias que permitan avanzar hacia una sociedad mejor instruida y con alta calidad de educación es el camino para forjar el desarrollo.
