A nivel mundial, la necesidad de desestimular el excesivo consumo de tabaco y derivados, incluidos los cigarrillos electrónicos, es imperiosa. Cada vez son más las muertes y los fumadores consuetudinarios inhabilitados para el trabajo por enfermedades cardiovasculares y muchas otras que surgen de inhalarlo permanentemente. Esas son las advertencias que dan las organizaciones internacionales en la lucha contra la epidemia del tabaquismo, por ej., la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Panamericana de la Salud (OPS), con sucursal en Paraguay. Se ha constatado que un aumento sustancial en el precio de venta de esos productos altamente adictivos, a través de un aumento de igual magnitud en los impuestos específicos, reduce significativamente su consumo en los estratos más vulnerables: los estratos de púberes y otros adolescentes así como los más pobres entre los pobres.
TRATADO INTERNACIONAL ANTITABACO. En el 2006 Paraguay convirtió en ley de la nación Nº 2969 el Tratado Internacional Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT). Así nuestro país se ha obligado a adoptar medidas públicas y privadas contra el tabaquismo, entre las cuales están la divulgación de sus efectos perniciosos para la salud y la necesidad de reducir su consumo, vía espacios libres de tabaco, mejores controles y mayores impuestos. Si las políticas públicas no lo respetan, este tratado lleva camino de convertirse en letra muerta en nuestro país.
FUMADORES ANTE LA MUERTE E INCAPACIDAD. El consumo excesivo de cigarros y cigarrillos mata y vuelve minusválidos a una gran cantidad de fumadores activos, enferman a los pasivos y ocasionan altos costos innecesarios. Esto está demostrado ya desde hace tiempo. Son causa principal de diversos tumores (pulmones, laringe, etc.), de enfermedades respiratorias crónicas, de aneurismas, de ataques cardiacos y de otras cardio-vasculares. Unas 3.240 personas fallecen anualmente en Paraguay por esta adicción, lo que da un promedio de 9 personas por día. El daño a la sociedad y a la familia por causa de la muerte temprana y de la discapacidad de los adictos no puede ser cuantificado desde la tragedia y el luto, pero sí con presupuesto público: apenas 319.000 millones de guaraníes se recaudan anualmente en estos últimos años vía impuestos al tabaco. Eso representa solo el 20% de los costos públicos por tratamiento de enfermedades fatales y otras de por vida.
LA EVASIÓN ES ENORME. A pesar de eso, los impuestos cobrados a las actividades de los importadores, productores, distribuidores y vendedores de tabaco y cigarrillos son irrisoriamente bajos. Y la evasión sigue siendo gigantesca. Para peor, una proporción muy alta de los impuestos la pagan los mismos consumidores del tabaco, no los comerciantes y fabricantes vinculados a su importación, producción y comercialización: son impuestos indirectos.
MENOS SAQUEO A LA RECAUDACIÓN Y MÁS INGRESOS PARA EDUCACIÓN Y SALUD. El déficit de políticas públicas en Paraguay hacia sectores de menor nivel socioeconómico es enorme. Con baja recaudación y alta evasión no será posible cumplir con los objetivos nacionales e internacionales de reducir la pobreza. El Estado debe asumir competencias suficientes, sin afectar la generación de riqueza y la inversión productiva, para reducir la brecha social así como aumentar la cantidad y calidad de servicios públicos. En Paraguay, la presión impositiva es inferior al 10% del PIB, de acuerdo con el nuevo año base acordado el año pasado en el Sistema de Cuentas Nacionales. Tales políticas públicas pueden ser financiadas solo parcialmente porque las remuneraciones a los 280.000 funcionarios públicos, sumando permanentes y contratados, apenas dejan margen para eso. Ergo, el Estado no tiene los recursos suficientes. Por eso mismo, hay que mejorar la mala calidad del gasto público y cobrar más impuestos al tabaco en particular y en general a todos los productos adictivos, como también a las bebidas alcohólicas y azucaradas, perjudiciales para la salud de la población.
Sin embargo, los Poderes del Estado también tienen que dar prioridad a la mejora del Presupuesto General de la Nación, acabando con las autoasignadas remuneraciones siderales a altos funcionarios así como con el permanente saqueo de la recaudación tributaria. Por eso, la reforma del sector público, la mejora de su gestión y la de los impuestos deben hacerse simultáneamente.
