De que la mayoría de los parlamentarios se aferran en defender con uñas y dientes únicamente sus intereses sin mirar el provecho de la nación, entre otros argumentos proporcionados por sus reiterados comportamientos, lo evidencia el hecho de que, desde hace más de dos años, el proyecto de modificación de la Ley “Que regula el financiamiento político” que busca mayor control sobre el origen de los fondos utilizados en campañas proselitistas deambula en el Congreso.
Actualmente, si bien está vigente la ley a la que se pretende dotar de mayor capacidad real de control, los partidos y movimientos políticos continúan actuando sin mecanismos eficientes de fiscalización en las internas partidarias. Por lo tanto, en esa instancia puede intervenir el dinero sucio sin que haya posibilidad alguna de detectarlo y mucho menos de sancionar a sus destinatarios.
El reciente caso del diputado Ulises Quintana, quien admitió que el narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña aportó a su campaña, demuestra que el sector vinculado al tráfico de estupefacientes sigue con su estrategia de financiar a candidatos solventados por ellos.
Lo que la propuesta de modificación de la ley vigente pretende es controlar al máximo la fuente del dinero de todas las actividades relacionadas a la búsqueda de votos en proselitismo.
El proyecto también desea que nadie pueda aportar a ningún candidato, partido o movimiento más de lo equivalente a 5.000 jornales mínimos. Asimismo, se propone prohibir que personas acusadas de cometer hechos punibles puedan realizar donaciones, especialmente aquellas que estén relacionadas al narcotráfico. En el estudio realizado en el Senado, a toda costa, quieren ampliar los márgenes de lo estipulado en el proyecto de modificaciones original. Pretenden que la cantidad de jornales mínimos suba a 7.000 y que solo los condenados en instancias judiciales sean los vedados de contribuir en los proselitismos.
Esa actitud refleja el propósito no solo de dejar un margen de maniobrabilidad mayor a los aportantes de dinero ilegal, sino también conlleva el objetivo de embarrar la cancha y dilatar al máximo la aprobación de los artículos que hace rato debieron ser estudiados.
El trasfondo de todo esto es que los partidos –los tradicionales sobre todo– saben muy bien de dónde le vienen los aportes más significativos y eso es lo que no desean perder. Conocen muy bien que es en ese sector –por obvias razones– donde mayor apoyo reciben. Dilatando los plazos, confiesan veladamente de dónde se financian.
En estos tiempos en que circulan vientos de mayor participación ciudadana en la búsqueda de honestidad y transparencia de los políticos, urge que tanto senadores como diputados se pongan a estudiar sin más dilaciones las modificaciones sugeridas y aprueben un instrumento legal que cierre el paso a narcotraficantes y delincuentes de toda índole.
