El episodio, que produjo una gran conmoción en la ciudadanía, no constituye un hecho aislado, sino que pone en evidencia la gran falta de seguridad policial que impera en los espacios públicos ciudadanos y que ha aumentado considerablemente durante la actual época de pandemia.
Cabe recordar la reciente seguidilla de robos a una librería en la céntrica Plaza Uruguaya, ubicada en el sector histórico de la capital. Allí, el conocido pabellón Serafina Dávalos, de la Editorial Servilibro, fue tres veces visitado por ladrones, que ingresaron en horas de la noche para robar teléfonos celulares, equipos informáticos y otros objetos de valor, a pesar de que la propietaria, la conocida editora Vidalia Sánchez, asegura que el lugar debía contar con guardia municipal permanente.
Hay otras importantes zonas públicas de la capital que son consideradas zonas rojas, en donde, a pesar de constituir lugares de gran valor turístico, cultural y paisajístico, se recomienda que no sean visitadas, especialmente en horas nocturnas o días feriados. Una de esas zonas es la que aloja al Cabildo de Asunción, la Catedral Metropolitana y el edificio del Congreso, en cuyas plazas se han ubicado numerosas familias humildes, presuntamente afectadas por las crecientes del río Paraguay. A pesar de que en el mismo sector se encuentran el Cuartel Central y la Comandancia de la Policía Nacional, a menudo se reportan casos de asaltos y robos contra turistas y visitantes, al igual que en sectores de la Costanera.
Otro sitio histórico emblemático al cual ya se considera como un lugar perdido para los ciudadanos, por su alto nivel de inseguridad, es el Parque Caballero, junto a la Bahía de Asunción, que prácticamente ya no recibe visitas por los muchos casos de robos y agresiones contra los ciudadanos, principalmente por jóvenes adictos a las drogas que se han adueñado del sitio y son sumamente violentos.
Urge un plan de seguridad ciudadana, que garantice el derecho de usufructo de estos espacios. Con los debidos cuidados sanitarios, la pandemia del coronavirus no debería ser un impedimento para el acceso, como intentó justificar la comisaria María Elena Andrada, jefa del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, cuando tras la agresión sufrida por la atleta en el Jardín Botánico cuestionó la inconsciencia de la gente al acudir a los parques públicos, debido a que estos estaban cerrados por el protocolo sanitario. La actitud de la funcionaria generó mucha indignación, por culpabilizar a la víctima, en lugar de defenderla.
Es inaceptable la desidia de las autoridades municipales y nacionales, al abandonar la protección de los espacios públicos, privando a la ciudadanía de las garantías, principalmente de seguridad. Urge reconquistar estos espacios, como una de las opciones para construir nuevas relaciones sociales, sin miedo a la criminalidad y a la violencia, en este tiempo de pandemia.
