Obviamente, esto trae aparejado que siete de cada diez personas que laboran en esta situación cobren por debajo del salario mínimo legal establecido.
Esta alarmante cifra que fue dada a conocer por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec) refleja las dos realidades que se viven en Paraguay.
Una, en la que un senador, con un patrimonio de más de USD 4 millones no tributa el impuesto a la renta personal y otra, en la que un adolescente, miembro de una familia de 14 hermanos, murió de hambre.
El informe publicado por Última Hora revela que el 93,9% de jóvenes de 15 a 19 años inician en negro su vida laboral.
Y es más alarmante aún que 519.292 personas empleadas en empresas que operan en el sector formal trabajen de manera informal.
Que nueve de cada 10 personas sin instrucción laboren en la informalidad es tan condenable como el hecho de que cuatro de cada 10 personas con instrucción terciaria desempeñen sus actividades en estas condiciones.
Una de las mayores deudas de los gobiernos que se pasaron fue el casi nulo compromiso para crear las condiciones que permitan a los trabajadores llevar una vida digna.
El Ministerio de Trabajo sigue siendo una entidad alejada de la realidad, con escaso personal destinado a controlar el cumplimiento de las normas laborales y que tiende más a proteger a empresarios que a castigar sus infracciones.
El problema de esta informalidad también se traslada hacia la población adulta mayor, ya que el 84% no tiene jubilación y el 60% no posee ningún seguro médico, según un estudio publicado por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep).
El problema del empleo informal debe ser atacado por dos frentes: uno, relacionado con la mejora en la educación, la cual incluya capacitaciones con rápida salida laboral; y, como segundo punto, reforzar los controles en las empresas y aumentar las sanciones para los infractores de leyes laborales.
Es inaceptable que empresas que, supuestamente, están legalmente constituidas paguen salarios en negro a sus empleados o los excluyan del servicio de seguridad social.
Históricamente, los empresarios reunidos en gremios apuntan sus dardos hacia el Estado por la falta de acompañamiento hacia sus inversiones, pero no son capaces de reclamar a sus iguales el cumplimiento de leyes laborales.
El gobierno de Mario Abdo Benítez debe brindar las condiciones para que el porcentaje de empleo informal se reduzca drásticamente.
Para ello, debe plantear legislaciones que castiguen a los evasores del pago del seguro social, por el incumplimiento del pago del salario mínimo y por las malas condiciones edilicias en las cuales les hacen trabajar a sus empleados.
Pero también debe enfocarse en brindar un mayor presupuesto a entidades que brindan capacitación en mandos medios.
El potencial de personas jóvenes que tiene este país necesita ser aprovechado para que Paraguay se ubique como atractivo para inversiones, con una educación de calidad y con mejores oportunidades para todos.
